“El Estatuto fomentará nuevas oportunidades de empleo, mejorará la calidad de vida y alentará a las mujeres a poner en práctica sus propios proyectos”, tal como ha explicado la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, que también ha resaltado que se trata de una ley única por sus características en España y que se dirige a mujeres que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes.
La Ley quiere acabar con las situaciones de discriminación que viven las mujeres en el medio rural y que están relacionadas con la falta de oportunidades para entrar en el mercado laboral, la falta de servicios, en particular, los que afectan a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, o la escasa representación en órganos de decisiones, ha informado la Junta en nota de prensa.
Todas estas situaciones llevan aparejadas la marcha de las mujeres desde el medio rural, lo que genera una gran problemática, especialmente en los pequeños municipios ya que implica su despoblamiento, envejecimiento y masculinización. La norma está estructurada en cuatro títulos, 21 artículos, una disposición transitoria y una disposición final.
LÍNEAS MAESTRAS
Blanca Fernández ha enumerado las líneas maestras de esta Ley que pasan por la coordinación de acciones en favor de la igualdad a través de la red de oficinas comarcales agrarias con la que cuenta la Consejería competente en desarrollo rural; el fomento de la formación en dos ámbitos, la capacitación, especialmente dirigida a las mujeres rurales, y la igualdad, dirigida tanto al sector como al funcionariado implicado en las labores de coordinación y el impulso de acciones para facilitar la corresponsabilidad y luchar contra la división sexual del trabajo.
Otra línea de acción irá encaminada a conseguir que las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario tengan una representación equilibrada de mujeres en sus órganos de dirección para poder acceder las ayudas públicas, para lo que se establece un periodo transitorio de cuatro años desde la entrada en vigor del Estatuto.
También se priorizará el acceso de las mujeres a las ayudas en el ámbito agrario y se promoverá que accedan a la titularidad de las explotaciones en cualquiera de sus formas posibles a la vez que se promocionará la figura de la Titularidad Compartida. En ese sentido, cabe recordar que las mujeres representan el 49,8 por ciento de la población de Castila-La Mancha, y un 16 por ciento de ellas vive en el entorno rural, de ahí que se dé un impulso a la titularidad compartida, que ha evolucionado de 28 a 177 explotaciones en los últimos cuatro años.
Por último, se fomentará la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social mediante ayudas y subvenciones destinadas al abono de las cuotas en el régimen que corresponda a su actividad agraria.
