El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha planteado reclamar que se apruebe un «fondo transitorio» para compensar temporalmente a las comunidades autónomas que con el actual modelo de financiación están «claramente infrafinanciadas»; y que se aborde entre el Gobierno nacional y las comunidades una «reestructuración de la deuda justa» para cada región.
Durante su intervención desde la tribuna de las Cortes en un debate general sobre la necesidad de revisión del modelo de financiación autonómico, y tras recordar las reuniones mantenidas en el pasado con el Gobierno nacional, ha rememorado que fueron hasta 40 las medidas propuestas por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, pero «no se ha hecho nada al respecto».
En septiembre de 2019, según su relato, ya se aprobó en este Parlamento una resolución por unanimidad en la que los grupos políticos representados en la Cámara unieron fuerzas en «una postura común»; a lo que ha sumado otro tipo de acuerdos alcanzados con gobiernos del PP, como las declaraciones de Zaragoza de 2018 y de Santiago de Compostela de 2021, sendas cumbres con representación de ejecutivos ‘populares’.
Ha insistido en la postura a defender por el Gobierno castellanomanchego, que no es otra que la de hacer valer la igualdad de derechos, razón por la cual reivindica financiar «el coste efectivo» de la prestación de servicios.
Para ello y para garantizar el «principio de igualdad», es necesario hacer «un buen diseño de la población ajustada», pero también llegar dar competencias a las administraciones autonómicos para gestionar el cien por cien de los tributos cedidos, lo que supondría tener en su poder 300 millones más.
Sugiere igualmente «un fondo adicional» por la vía del Fondo de Compensación Interterritorial en las zonas despobladas; a lo que ha sumado conseguir una «armonización fiscal en relación con los impuestos estatales que gestionan las comunidades autónomas» para evitar «una competencia fiscal desleal».
Así, del mismo modo que a nivel europeo se ha acordado un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, ha apuntado que «es lo mismo que se debería establecer» entre comunidades autónomas.
A todo ello ha sumado la reivindicación de que cada norma estatal que salga del Estado y que afecte a las cajas autonómicas vengan de la mano de una compensación, bien para apoyar el gasto -para acompasarse a medidas como le ley de Universidades-; bien para aplacar una menor recaudación, -como las bajas que se produjeron al bajar el IVA de determinados productos-.
«Son decisiones que ha tomado el Estado que afectan a la financiación o a las finanzas de las comunidades autónomas, y lo que reclamamos es, dentro de ese principio de lealtad institucional, que cuando se adopten, se adopten también decisiones que compensen las finanzas de las comunidades autónomas», ha rematado.
El nuevo modelo «debe estar negociado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha defendido, volviendo a redundar en su rechazo a negociaciones bilaterales entre Cataluña y el Estado.
Vox rechaza el modelo de las autonomías
Por parte de Vox, el diputado Luis Blázquez ha arrancado criticando la situación de «diecisiete pseudoestados» que operan en Castilla-La Mancha, lo que hace que «aumenten los cortijos».
Reducir las «estructuras autonómicas» es para el diputado más importante que «un nuevo modelo de financiación», tras lo que ha pedido «voluntad política para recentralizar competencias y así tener una visión nacional para poner al Estado al servicio de todos los españoles».
«No necesitamos 17 sistemas burocráticos distintos, necesitamos la reducción de forma inmediata de ese colosal gasto político que es ineficaz, destinado a mantener las estructuras de poder autonómicas fruto de una descentralización política que sólo sirve para favorecer el estado de bienestar de los políticos», ha señalado.
Su discurso se ha apuntalado en torno a la necesidad de que toda la maquinaria financiera y económica del país vaya encaminada a «garantizar la prosperidad de todos los españoles con independencia del territorio».
PP se arranca por la amnistía
La portavocía del Grupo Popular ha sido ejercida por la secretaria general de los ‘populares’, Carolina Agudo, quien se ha atrincherado en el argumento de que los diputados del PSOE elegidos por Castilla-La Mancha siempre han votado a favor de la amnistía, por lo que están también de acuerdo con un trato favorable a todos los catalanes, también en lo financiero.
Asegura Agudo que con este modelo de financiación la región «pierde mil euros cada año» mientras el Gobierno mira a Cataluña para hacerle favores, «pare conseguir votos y para mantener a su presidente en el sillón».
«Cualquier modelo de financiación singular para cualquier territorio es un atraco a mano armada a los castellanomanchegos. Así, tal cual, y ustedes lo saben. Cualquier concesión de una financiación distinta para algunos, cualquier concesión de privilegios económicos para algunos territorios socios del gobierno de España es jugar con el pago de los servicios públicos de Castilla-La Mancha», ha alertado.
Mientras, «Page no ha ido ni a Moncloa ni a Ferraz» a protestar, y lo único que ha hecho ha sido «apoyar sistemáticamente cada una de las medidas que Pedro Sánchez presenta en contra de los castellanomanchegos».
PSOE: «No es un buen modelo»
De parte del PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy ha insistido en que este modelo de financiación «no es bueno» y ahora es necesario el debate y ponerse de acuerdo en torno a blindar una posición común entre gobierno regional y oposición. «Estamos todos de acuerdo en que estamos infrafinanciados».
Se ha mostrado de acuerdo ante el extremo poder condonar parcialmente las deudas de las autonomías «siempre que ésta sea imputable a la infrafinanciación y a los efectos de la crisis económica de 2008».
«Es necesario abordar, entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, una reestructuración de la deuda pública de cada región que esté vinculada al mal funcionamiento del actual modelo de financiación, y en este caso, en el caso de Castilla-La Mancha, obviamente está infrafinanciada», ha insistido antes de pedir igualmente «una armonización fiscal indispensable».
Como conclusión, abunda en que «es necesario un nuevo modelo que sea acordado por el Estado y todas las comunidades autónomas en la misma mesa, descartando absolutamente ninguna negociación bilateral», un modelo que «no solo tenga en cuenta la variable población, sino que pondere de forma importante variables como la dispersión, la superficie, la renta per cápita y la pirámide poblacional».
Con todo, la propuesta de resolución del PSOE ha visto el refrendo de su propia mayoría absoluta, mientras PP y Vox solo han cosechado sus propios votos, insuficientes.
