Las secciones sindicales de ACAIP-UGT y CSIF en Castilla-La Mancha asistirán este jueves a la concentración que tendrá lugar a las doce de la mañana en la sede de la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo como protesta por las agresiones sufridas por los funcionarios de prisiones.
Este acto se repetirá a las puertas de las delegaciones de Gobierno de todas las comunidades autónomas con cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias enmarcadas en el conflicto colectivo que ACAIP-UGT y CSIF mantienen con la administración desde septiembre de 2021.
En nota de prensa explican que «las últimas semanas están siendo especialmente duras en las prisiones españolas con una sucesión de incidentes de extrema gravedad». A su juicio, «parecen tener un mismo nexo, que es la dejadez de los gestores de la institución, una inadecuada clasificación interior y una política de ‘buenismo’ que está llevando a que cada vez los ataques que sufren los trabajadores sean más graves»,
El 1 de julio un interno atacó a un funcionario de prisiones de Murcia II y le causó una grave herida en el cuello, cerca de la yugular con la tapa de una lata de conservas. Pocos días después, 3 funcionarios de Picassent acabaron en el hospital por la agresión de otro reo. En este caso uno de ellos sufrió la rotura de pómulo y mandíbula, y le afectó al ojo. Luego está el ataque en Madrid VII a otro trabajador por parte de un recluso que le noqueó con golpes en la cabeza.
Los dos sindicatos describen que «internos de perfiles inadaptados tienen un régimen de vida ordinario» y afirman que desde las direcciones de los centros se ponen «trabas» a la aplicación del régimen disciplinario. A ello se le suma la falta de persona, la «prácticamente nula formación» que reciben los trabajadores de prisiones y a un «cada vez más alarmante» deterioro de la atención médica penitenciaria con un déficit del 58,25% de médicos.
Los trabajadores señalan que «ha llegado el momento de gritar basta ya», porque «es necesario que se apruebe la legislación que dote a los trabajadores penitenciarios de autoridad y que estas agresiones sean considerado atentado a la autoridad y no se salden con meras sanciones administrativas». Reclaman una retribución adecuada a los funcionarios, la declaración como agentes de autoridad y formación universal, entre otras cuestiones. «No podemos, ni debemos consentir una agresión más», concluyen.