El G-9 de Universidades ha mostrado su preocupación por el desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público, entre otros aspectos que afectan al “buen desarrollo” de la actividad de I+D+i.
La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los días 24 y 25 de mayo en la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz.
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Extremadura, Manuel A. González Lena, anfitrión de este encuentro, compartió con el resto de asistentes el análisis de situación de la I+D+i en la comunidad desde el punto de vista de la institución académica.
En nota de prensa, y sobre la Ley de Contratos del Sector Público, el G-9 de Universidades ha remarcado que el desarrollo de dicha norma está produciendo la “ralentización del desarrollo de la I+D+i debido a la imposibilidad de las universidades para adaptarse a ella, habida cuenta de la singularidad de la actividad investigadora”.
“Somos conscientes de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el grupo de trabajo de Crue Universidades Españolas con el Ministerio de Economía y Competitividad y con la Agencia Estatal de Investigación. No obstante, las propuestas de solución aportadas hasta la fecha no ofrecen seguridad a las universidades ni dan soporte legal a los problemas derivados de la aplicación de la ley”, ha informado.
En cuanto a la contratación, ha considerado que es necesario reiterar la necesidad de “revisar” los mecanismos de contratación de investigadores con destino en las universidades públicas.
De este modo, ha criticado que no se ha avanzado en las soluciones a los problemas que exponía en el último comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del G-9 en lo referente al encadenamiento de contratos y otros asociados a la contratación laboral temporal de investigadores.
Además, las restricciones a la contratación que impone la tasa de reposición “continúa siendo un obstáculo” para la renovación de las plantillas Docentes e Investigadoras.
Asimismo, el G-9 de Universidades ha manifestado su “preocupación” respecto al nuevo sistema de justificación de costes indirectos establecido por la Agencia Estatal de Investigación.
De igual forma, las universidades del Grupo 9 han mostrado su compromiso con los 17 Objetivos de la Agenda de las Naciones Unidaspara el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y asume los compromisos defomentar la I+D+i y una Educación Superior “de calidad para fortalecer la paz, liberar a la Humanidad de la pobreza y promover los Derechos Humanos”.
Las universidades del G-9, en este sentido, han manifestado que aspiran a tener un “liderazgo” en el desarrollo del Plan de Acción para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030.
Acreditación I3
Por otra parte, la Comisión Sectorial de Investigación ha reflexionado sobre el proceso de selección de candidatos para el programa Beatriz Galindo al cual lograron presentar sus candidaturas a pesar de las dificultades del procedimiento.
Los vicerrectores y vicerrectoras de Investigación han valorado el programa positivamente, si bien como proyecto piloto, ya que los fondos destinados a esta primera convocatoria no podrán resolver los “graves problemas” de relevo generacional y atracción y cuidado de talento “tan necesarios” para el sistema.
“En cualquier caso, persiste el problema de la estabilización de estos investigadores. Una vía para la incorporación de estos y otros investigadores sería permitir el acceso a la acreditación I3”, ha apuntado.
Por otro lado y, ante las propuestas de cambios en el sistema de Gobernanza de las universidades públicas españolas, muchas de ellas afectando directamente a la I+D+i, el G-9 ha manifestado que el planteamiento de cualquier cambio en el sistema de Gobernanza requiere un “amplio debate con la participación de todos los agentes sociales” y debería ser liderado por Crue Universidades Españolas.
Colaboración empresa-universidad
La Comisión Sectorial de Investigación reconoce que la Transferencia de Conocimiento desde las universidades a la sociedad pasa por una estrategia conjunta entre empresas, instituciones y universidad, en cuyo marco podría desarrollarse “de forma efectiva” la investigacióncolaborativa, la formación dual universitaria o los doctorados industriales.
Por otra parte, la creación de empresas spin-offs académicas sigue siendo “motivo de incertidumbre” para las universidades públicas, ya que estas instituciones académicas continúan “sin una reglamentaciónnacional clara” que sirva de guía y dé “seguridad jurídica’.
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas.
Así, está integrado por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.
