García Molina no duda de que la Ley de Garantías estará esta legislatura: “No me entra en la cabeza lo contrario”

Lanza Toledo
José García Molina en una imagen de archivo

José García Molina en una imagen de archivo

Defiende la legalidad de su ley de Participación y replica a Nacho Hernando que está "cuidada" y tiene garantías constitucionales

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha insistido en que la Ley de Garantías Ciudadanas, proyecto estrella de su formación, estará en vigor antes de que acabe la legislatura.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Medida recogida por Europa Press, ha recordado que tanto el presidente autonómico, Emiliano García-Page, como él mismo, mostraron su compromiso de sacar adelante esta ley cuando Podemos entró en el Gobierno.

“No me cabe en la cabeza otra cosa. Los dos dimos esa palabra”, ha afirmado, aseverando que hay más leyes en tramitación que tendrán que ver la luz, como la de Vivienda, Bienestar Animal y Participación Ciudadana.

Sobre esta última, ha replicado al portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, que este miércoles ponía en duda su legalidad, asegurando que “está escrupulosamente redactada”.

“Aquí han participado 600 personas. Si me preguntas, creo que es más fácil que se equivoque una persona a que se equivoquen 600”, ha dicho García Molina, quien ha recalcado que todo ha sido “cuidado” para darle encaje constitucional.

Presentación en rueda de prensa

El propio García Molina ha acompañado en una rueda de prensa posterior al director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en la presentación del último borrador de este anteproyecto de ley en rueda de prensa.

El vicepresidente segundo ha recordado que cuando Podemos entró en el Gobierno hizo la promesa de “generar estabilidad, garantías y ensanchar los márgenes del ejercicio democrático”.

En su opinión, el espíritu de esta ley pasa por ser “la más participada de la historia”, con más de 600 personas entre juristas, funcionarios, asociaciones vecinales o representación civil y sindical que han armado “una ley consistente y ambiciosa”.

Ha abundado en que insistir en la participación social “no es un adorno”, confiando en que el consenso que ha suscitado la norma hace “muy difícil” que, una vez entre en vigor, pueda derogarse por futuros gobiernos.