El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado la resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha que convoca, mediante el procedimiento de tramitación anticipada para el ejercicio 2024, las ayudas en régimen de minimis destinadas a mitigar los daños ocasionados por ataques de lobo ibérico al ganado doméstico en la región.
Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la convivencia del lobo ibérico con las prácticas ganaderas de la región, especialmente con la ganadería extensiva. Como novedad para este año, se amplía la cobertura de posibles ataques desde la provincia de Guadalajara a toda la Comunidad Autónoma, considerando el aumento de ataques en regiones limítrofes y la movilidad característica de esta especie transfronteriza.
Los beneficiarios de estas ayudas son ganaderos y titulares de explotaciones ganaderas, ya sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y otros requisitos, como mantener ganado en régimen extensivo o tener el ganado registrado en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Las actuaciones subvencionables abarcarán las cabezas de ganado muertas por ataques de lobo ibérico durante el año 2024, pertenecientes a explotaciones ganaderas que practiquen la ganadería extensiva. Estas ayudas se asignarán mediante un proceso de concurrencia competitiva simplificada, dada su naturaleza compensatoria, con un presupuesto de 110,000 euros para los años 2024 y 2025.
El ganadero debe informar cualquier posible ataque de lobos a su ganado dentro de las 24 horas siguientes al mismo a los agentes medioambientales de la demarcación territorial correspondiente. Estos agentes realizarán una visita a la explotación para evaluar los daños, documentando la información en un acta que será el referente para determinar la cuantía de la ayuda por el personal técnico de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería.
Una vez comunicados los daños, el plazo de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al ataque, considerando la fecha registrada en el acta de visita de los agentes medioambientales como referencia. Se requerirá una solicitud independiente por cada ataque.
