Este protocolo, que actualiza el convenio marco de 1995 entre ambas instituciones y lo adapta a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, remarca que la selección, formación e investigación en el campo de los recursos humanos constituye un factor estratégico esencial en el desarrollo de las organizaciones y de las Administraciones Públicas y que la cooperación supone un potencial aumento de las respectivas capacidades, informa la Junta en nota de prensa.
Ambas partes han establecido como cláusulas la colaboración mutua en todos los aspectos técnicos relativos a la selección de su personal, además de en las tareas de formación de los trabajadores de nuevo ingreso, facilitándose el profesorado necesario para impartir los cursos selectivos y remitiéndose mutuamente la documentación adecuada a los fines previstos.
Perfeccionamiento
Han acordado cooperar en el perfeccionamiento de sus empleadas y empleados públicos intercambiándose el profesorado y la documentación necesarias para el desarrollo de las acciones formativas previstas a estos efectos y admitir en las actividades que desarrolle una de estas instituciones a personal del sector público de la otra parte, así como cederse los medios físicos y materiales necesarios, explica la nota.
Del mismo modo, ambas instituciones colaborarán en la organización y realización de los periodos de prácticas previstos para el alumnado en sus planes de estudio y se remitirán mutuamente cuanta documentación pueda resultar de las acciones formativas organizadas por cada una de ellas, sus planes de actividades, catálogos de publicaciones y, en general, todo aquello que pueda resultar de interés común.
También intercambiarán información sobre sus respectivas acciones de investigación, pudiendo realizar proyectos comunes en ese ámbito en el campo de la Administración Pública y, fundamentalmente, en el área de los recursos humanos, al tiempo que cooperarán en la realización de los seminarios, jornadas y las actuaciones precisas para el ejercicio de sus competencias.
Vigencia y desarrollo
El presente protocolo general de actuación tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por cuatro anualidades más previo acuerdo entre las partes. No obstante, ambas instituciones se comprometen a garantizar el cumplimiento y la financiación de las actividades que se hubieran iniciado y no concluido en el momento de la extinción del mismo.
Su desarrollo se materializará en la formalización de convenios específicos de los diferentes programas y acciones, los cuales determinarán las características del proyecto y los compromisos que asuma cada una de las partes, y fijarán la participación económica de cada institución en las diferentes actividades, así como la propiedad y el uso de la documentación y material que generen.
Actividades realizadas desde 2015
Uno de esos convenios es el relativo a la realización de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares por parte del alumnado matriculado en alguno de los estudios de la UCLM, con el fin de aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica y de prepararse para el ejercicio de actividades profesionales, lo que ha permitido que desde el 2015 y hasta el año pasado hayan realizado prácticas 55 alumnos de diferentes grados.
También fruto de la colaboración entre ambas instituciones ha sido posible el uso de instalaciones de la Universidad regional para el desarrollo de las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 y la organización de cursos propios como los de especialización en transparencia y acceso a la información pública o derecho administrativo e inteligencia artificial, que, en su conjunto, han contado con 76 participantes de 2018 a 2020.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de convocar otros dos cursos de especialización, uno en gobierno abierto y otro en derecho administrativo e inteligencia artificial, cuyo plazo de inscripción ha finalizado este martes, 16 de marzo, y para los que se han recibido 80 solicitudes.
