El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha presentado este viernes el balance de gestión correspondiente a 2017 de la Delegación del Gobierno, “un año en que el elemento vertebrador no ha sido otro que la misión encomendada por el Gobierno de España, el compromiso con el ciudadano y la vocación de servicio, junto con el constante trabajo por hacer compatible la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos”.
El delegado del Gobierno ha indicado que el objetivo principal “ha sido el servicio al ciudadano, procurando mejorar la gestión administrativa en lo referido a las competencias de la Administración General del Estado que gestiona la Delegación del Gobierno y las distintas subdelegaciones”, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.
“Desde 2012, se han agilizado los procesos para prestar un servicio más eficiente, incorporando nuevas tecnologías orientadas a acortar los procedimientos, y se ha evitado que los ciudadanos tengan que desplazarse necesariamente para efectuar determinados trámites”, ha destacado Gregorio al inicio de la presentación del balance de gestión en 2017.
El delegado ha valorado la gestión de 2017 “gracias al trabajo de los funcionarios de la Delegación y de las cinco subdelegaciones y de los miles de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, ya que sin su esfuerzo y sin su dedicación no habría sido posible mantener los niveles de exigencia y calidad requeridos”
Servicio al ciudadano
En este sentido, ha destacado que “la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones del Gobierno han gestionado en 2017 339.842 registros de entrada y de salida en las oficinas de información y registro”.
En el área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha con servicios de inspección de sanidad animal para la tramitación de solicitudes de certificado sanitario de exportación, “el número de certificados sanitarios de exportaciones emitidos en 2017 han sido de 4.390, traducidos en más de 54.377 toneladas en productos cárnicos”.
En el año 2017, en el área de Sanidad se han destruido 1.583,039 kilogramos, fruto de las requisas y procedimientos administrativos correspondientes, destacando en este sentido el delegado “que en la actualidad sólo existe constancia de los procedimientos que están judicialmente activos”.
En el área de Trabajo e Inmigración, durante 2017 “se han tramitado 19.751 solicitudes de autorizaciones de residencia en Castilla-La Mancha, manteniendo lo alcanzado desde el año 2015, “que las autorizaciones para trabajar de ciudadanos que no tuvieran la nacionalidad española en periodos especiales en la región se han podido hacer en un plazo de 24 horas con el total concurso de sindicatos y organizaciones agrarias”, ha subrayado Gregorio.
En Alta Inspección de Educación —en cuanto a la obtención de títulos—en 2017 se han realizado 1.479 trámites de homologaciones de Estudios Extranjeros Universitarios y trámites para la Gestión y entrega de Títulos Universitarios Españoles, que se recogen desde las subdelegaciones del Gobierno.
Dentro de este servicio al ciudadano, la comunicación de la actividad de la Delegación del Gobierno y de las subdelegaciones ha formado una parte importante emitiéndose 5.840 acciones informativas entre Delegación, subdelegaciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cooperación entre instituciones
El delegado del Gobierno ha reseñado que en el pasado año 2017 “se han celebrado 112 Juntas Locales de Seguridad en distintos municipios de la región, en aras de la constante cooperación y colaboración entre las distintas instituciones”, y se han gestionado más de 30.869 expedientes de justicia gratuita.
Gregorio ha afirmado que se ha facilitado el ejercicio del derecho de reunión para que cualquier ciudadano se pueda manifestar pacíficamente, celebrándose 1.429 manifestaciones en 2017 en Castilla-La Mancha.
“La tasa de criminalidad en Castilla-La Mancha sitúa a la región entre las más seguras de España, gracias a tres pilares básicos, prevención policial, participación ciudadana y colaboración institucional, arrojando un balance positivo: la tasa de criminalidad en 2017 se ha situado en un 31,27% –de enero a septiembre–, situándose en valores inferiores a los del año 2007, donde la tasa de criminalidad era de un 34,6%, tendencia que se sigue manteniendo”, ha asegurado Gregorio.
La mejor valorada
Gregorio ha asegurado que “todos estos datos se han puesto de manifiesto en una valoración de los ciudadanos en la que catalogan las oficinas de atención al ciudadano de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, como la mejor valorada de España”, con 4,46 puntos sobre 5.
Las notas más altas que otorgan los ciudadanos a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha tienen que ver con el trato personal con 4,70 puntos, con la atención que han recibido 4,64 puntos, así como el tiempo que le han dedicado que obtiene 4,57 puntos. La información dada obtiene 4,56 puntos y el tiempo de espera es calificado con 4,34; a las instalaciones, los ciudadanos otorgan 4,22 puntos y el acceso a la oficina es valorado con 4,20 puntos, y eso lo que hace es poder felicitar al conjunto de funcionarios, trabajadores, jefes de área, así como a todos los subdelegados del Gobierno.
El grado de satisfacción de los ciudadanos en las cinco subdelegaciones del Gobierno en Castilla-La Mancha supera la valoración media nacional –4,21–, siendo la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara la segunda mejor valorada de España, solo superada por Palma de Mallorca –4,90–.
Carta de servicios
El delegado del Gobierno ha asegurado que todos estos resultados se deben en gran parte a los compromisos otorgados en la Carta de Servicios de la Delegación del Gobierno, “donde se asume el compromiso de evaluar de forma continua la calidad de los servicios, mediante consulta a los ciudadanos y el establecimiento de controles internos de calidad; el compromiso de revisar anualmente los indicadores de gestión de calidad, buscando la mejora continua de la prestación del servicio y el compromiso de coordinar de forma permanente la actuación de las unidades implicadas en cada procedimiento”.
“La relación de servicios prestados por esta Delegación del Gobierno y los derechos concretos de los ciudadanos recogidos en la Carta de Servicios se han prestado conforme a los siguientes compromisos específicos de calidad, situándose en que las informaciones presenciales se atendieran antes de los cinco minutos; que el tiempo de espera de las consultas telefónicas no fuera superior a los tres minutos y que las consultas telefónicas que requirieran información posterior serían resueltas en el plazo de dos días”, ha destacado Gregorio.
En este sentido ha descrito que las consultas por correo postal son contestadas en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su recepción; las consultas por correo electrónico son contestadas en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su recepción y que la documentación presentada al amparo del artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, se tramita en un plazo máximo de 24 horas.
