El Ministerio Fiscal pide para cada uno, cuatro años de cárcel por cada delito fiscal de cada ejercicio (años 2014, 2015, 2016 y 2017 ), multa por el importe defraudado, y 2 años y seis meses por el delito de falsedad documental, basándose en sus peticiones de pena en la evidencia de las declaraciones de los peritos, especialmente a las pruebas periciales de la vigilancia aduanera.
Así, la Fiscalía considera autores de fraude de IVA y de falsedad documental a los administradores de las sociedades instrumentales y a los testaferros, mientras estima como colaboradores a algunos de los empleados que participaron de manera activa en la organización de las tramas.
Para el Ministerio Fiscal ha quedado ilustrado en las pruebas practicadas, que se trata de una modalidad «de fraude en carrusel», en la que se establece un entramado societario de manera que «lo bienes viajan, de manera ficticia, supuestamente, de una sociedad a otras, para evitar que el fisco pueda darse cuenta de que viajan casi siempre del tercer estado miembro al cliente final, sin pasar por dichas empresas».
Al igual, considera acreditado que gracias al impago de los impuestos vendían las mercancías más baratas, lo que a su vez podía provocar que, a medio plazo, se echara del mercado a los «empresarios cumplidores», que debido a esto «ven mermada también su competitividad».
En el caso concreto de J. G.G., la Fiscalía estima que ha quedado acreditado su grado de participación, siendo uno de los principales implicados, que era el socio de J.C.M.B., y que tenía un papel «esencial» en la trama ya que se encargaba, entre otras cosas, de diseñar los organigramas con los que se funcionaba, tenía acceso a las cuentas bancarias y controlaba la organización.
Sobre J.C.M.B., el otro directivo, lo considera otro de los cabecillas «esenciales» de la trama. El juicio podría concluir en una o varias semanas, habiéndose adelantado su desarrollo con relación a la estimación prevista inicialmente.
