La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha apremiado este viernes al Ministerio del Interior para que subsane su “presunto fallo” por la no licitación de los servicios de seguridad privada en los centros penitenciarios de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, sin que lo anterior suponga “una carga de trabajo extra para los guardias civiles destinados a estos cometidos”.
En un comunicado, AUGC solicita que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska adopte “todas las medidas necesarias para garantizar la vigilancia exterior y las conducciones de presos, penados y detenidos”.
En concreto, denuncia que “no se aprecie la más mínima preocupación” de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Gabinete de Coordinación y Estudios tras dejar de prestar servicio una empresa privada y quedar desierto el concurso público que debía subsanar esta situación que afecta a una quincena de cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Diferentes sindicatos policiales y de prisiones llevan tiempo reclamando que la vigilancia exterior deje de prestarse por empresas privadas y vuelva en su totalidad a ser gestionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno del PP permitió que empresas privadas se hicieran cargo de este cometido en un plan que pretendía recolocar a los antiguos escoltas encargados de la seguridad de personalidades amenazadas por la banda terrorista ETA. En 2013, además, se privatizó parte de la seguridad exterior de las prisiones.
INCIDENCIA EN ZONAS RURALES
El problema conlleva, según AUGC, que “el próximo 1 de enero de 2020 los vigilantes de seguridad ya no prestarán servicio en los centros penitenciarios de las tres comunidades autónomas mencionadas, causando un doble perjuicio: a los cientos de familias que se quedan sin trabajo y a los cientos de guardias civiles que tendrán que asumir esos cometidos, con la sobrecarga de trabajo que ello conlleva”.
Según las cifras que maneja AUGC, serían necesarios casi 200 guardias civiles para cubrir las necesidades que se plantean en la Comunidad de Madrid, lo que ve “impensable ante la falta manifiesta de personal”. En los siete centros de Castilla-La Mancha harían falta otros 160 agentes, de ellos unos 50 para cubrir las tres cárceles entre Herrera y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 40 en Ocaña (Toledo), otros 40 efectivos entre las Prisiones de Cuenca y Albacete.
En el caso de Extremadura, concretamente del centro penitenciario de Cáceres — puesto que el de Badajoz es demarcación de la Policía Nacional–, sí están cubiertas las plazas, si bien el 10% de las mismas están ocupadas por personal comisionado.
“Lamentablemente, una vez más, debemos advertir de la grave incidencia de toda esta problemática en las zonas rurales, de las cuales, si el Ministerio del Interior no pone remedio, serán detraídos guardias civiles de cometidos de seguridad ciudadana para poder cubrir esta problemática de los centros penitenciarios, castigando nuevamente a los ciudadanos de estas zonas sin seguridad, convirtiéndolos en españoles de segunda clase”, concluye el comunicado de AUGC.
