Unos 350 antidisturbios de la Guardia Civil se sumarán al dispositivo diseñado por el Ministerio del Interior en apoyo a los Mossos d’Esquadra para hacer frente a posibles incidentes coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes políticos del ‘procés’ independentista, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes de la Seguridad del Estado.
En el diseño del dispositivo del Instituto Armado han participado unidades de seguridad ciudadana de las zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León, así como de ocho comandancias.
Por ahora no está previsto que viaje a Cataluña ningún guardia adscrito a la comandancia de Ciudad Real.
Los agentes de seguridad ciudadana de Usecic y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil se sumarán a los de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han sido enviados a Cataluña desde el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Fuentes de Interior han explicado que, en todo caso, la Policía y la Guardia Civil actuarán “en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los Mossos d’Esquadra”.
Los Mossos han activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Mòbil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de cara a las movilizaciones anunciadas desde el segundo aniversario del 1-O, según trasladaron la Jefatura del cuerpo a los sindicatos en una reunión. La Policía Nacional también ha movilizado a una treintena de grupos de ‘antidisturbios’, en un dispositivo que puede alcanzar el millar de efectivos sobre el terreno.
Se podría modificar al alza
El dispositivo policial se irá evaluando, con posibilidad de ser modificado al alza, teniendo en cuenta si grupos independentistas cumplen finalmente con los llamamientos de diferentes plataformas como Tsunami Democratic de responder con movilizaciones en la calle a la sentencia del ‘procés’, y si dichas concentraciones toman un cariz violento.
Según fuentes consultadas por Europa Press, la Guardia Civil programó este lunes, 7 de octubre, una conferencia desde el Centro de Operaciones de la Dirección General con el objetivo de establecer “un dispositivo especial que permita reforzar las capacidades de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña para mantener unos niveles adecuados de autoprotección para las infraestructuras propias y garantizar el normal funcionamiento de ciertos servicios esenciales en esa comunidad autónoma”.
Operación contra los CDR
La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales, desde que el lunes 23 de septiembre fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia en organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.
Tres días después, el 26 de septiembre, se suspendió una reunión de la Comisión mixta de Seguridad entre el Estado y la Generalitat convocada en la Delegación del Gobierno en Barcelona, alegando la Consellería de Interior “motivos de agenda”.
No obstante, sí se celebró una reunión en la que participaron mandos de la Policía, la Guardia y los Mossos, entre ellos Andreu Joan Martínez, el director general de la policía catalana que dejó el cargo por sorpresa en la víspera del segundo aniversario del 1-O. Fuentes del Ministerio de Interior insisten en que en el plano operativo la colaboración es “excelente”.
Ese mismo 26 de septiembre por la tarde el Parlament aprobó pedir la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dar una respuesta institucional contra la sentencia del 1-O e impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos.
Este lunes, los CDR anunciaron que se sumaban a las marchas promovidas por la ANC y Òmnium como respuesta a la sentencia del juicio del 1-O. La previsión es que salgan desde cinco puntos de Cataluña. “Todos somos necesarios. Paremos el país”, han difundido los CDR. También desde sindicatos se ha convocado una huelga para el 11-O.
Protección edificios públicos
Cuando se celebró esta reunión se habían movilizado ya cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) –algo más de 200 agentes– para que se desplazaran a Cataluña en apoyo a los Mossos. La cifra, según explicaban diversas fuentes policiales, podía ir aumentado en los próximos días y la previsión es que se desplacen en torno al millar de efectivos.
Los ‘antidisturbios’ de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación el Gobierno, la Jefatura Superior, comandancias y cuarteles, o incluso sedes de tribunales.
A estos agentes de la UIP se suma un par de grupos de retén de la Unidad Central de Intervención (UCI) de la Policía que están desplegados de forma continua para, entre otros cometidos, hacerse cargo de la seguridad del paso fronterizo de La Junquera (Gerona).
En el otoño de 2017, coincidiendo con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, se llegaron a desplazar a Cataluña unos 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil. Aunque con cifras muy inferiores, Interior también recurrió a refuerzos en el primer aniversario de la votación independentista y en otros eventos como el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre de 2018.
