El Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicará esta semana a los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) la cifra exacta de subida salarial de los funcionarios en 2018, que podría contener una parte fija y otra variable ligada al PIB sin superar un 2% de incremento anual.
Los sindicatos ven “muy difícil” poder alcanzar un acuerdo en materia de retribución y no descartan movilizaciones.
En concreto, Hacienda se reunirá de nuevo con los sindicatos el martes a las 12.00 horas para continuar con la negociación sobre la subida salarial de los tres millones de funcionarios y empleados públicos en 2018, después de que el último encuentro del jueves pasado se evidenciasen las discrepancias sobre el incremento y se avanzase en cambio en materia de empleo.
Hacienda ofreció en esa última reunión una subida moderada del sueldo de los funcionarios para el año 2018 y un incremento más abultado para los ejercicios 2019 y 2020, sin especificar cifras concretas, según informaron fuentes sindicales.
En un principio, la subida salarial contendría una parte fija, relativa al IPC, y otra variable, que podría estar vinculada al PIB, y Hacienda planearía una subida salarial que no superase el 2% al año, según las cifras sobre los costes que entregó a los sindicatos en la última reunión.
En cualquier caso, la cifra definitiva se determinará en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que previsiblemente se convocará para el jueves y en la que están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre y en la que se incluirá la subida salarial de los funcionarios para 2018.
Poco optimismo en los sindicatos
Por su parte, los sindicatos mostraron su pesimismo sobre las posibilidades de poder alcanzar un acuerdo si el Gobierno no acepta su petición de recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.
El secretario general de FSS-CCOO y portavoz del área pública, Antonio Cabrera, dijo que los sindicatos son “bastante pesimistas” en materia de salarios, ya que las propuestas de Hacienda distan “mucho” de la de las organizaciones sindicales y hay “diferencias sustanciales”.
Cabrera explicó que Hacienda cifra en 1.120 millones de euros el coste que supone cada punto de subida salarial para los tres millones de funcionarios y empleados públicos en España, por lo que con ese margen la subida “no podría superar en ningún caso el 2%” al año.
Asimismo, el secretario de Organización de FeSP-UGT, Fréderic Monell, valoró el “escenario de diálogo” pero se mostró también “poco optimista” sobre el acuerdo si no se recupera el poder adquisitivo perdido en los últimos años, que los sindicatos cifran entre el 13% y el 20%.
Por su parte, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, indicó también que las partes están “bastante alejadas” en materia de subida salarial, que a su juicio debe ser “significativa” tras haberse perdido en torno a un 20% de poder adquisitivo en los últimos años.
“Si el Gobierno quiere conseguir un acuerdo va a tener que hacer un acuerdo significativo”, advirtió Borra, quien avisó de que, tras el 1 de octubre, CSIF baraja convocar movilizaciones si no se alcanza un acuerdo para que la recuperación llegue a las nóminas de los empleados públicos.
Se avanza en empleo
En la reunión del pasado jueves se abordaron otros asuntos relativos al empleo público y las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos.
Así, los sindicatos pidieron eliminar la tasa de reposición o incrementar por encima del 100% en sectores más allá de los prioritarios, petición que desde Hacienda se respondió manteniendo la tasa, pero comprometiéndose a estudiar la posibilidad de aumentarla por encima del 100% la tasa en algunos sectores.
Monell apuntó que para el año que viene es posible que se pueda recoger la necesidad de algunos colectivos, como servicios generales en algunas administraciones, servicios sociales, algún ámbito en Educación, pero con la perspectiva de que la tasa de reposición “desaparezca”.
Las centrales sindicales también reclamaron universalizar el proceso de estabilización acordado en marzo, que contemplaba reducir al 8% la temporalidad en tres años, ofertando entre 270.000 y 300.000 plazas para convertir interinos en indefinidos.
Jornada de 35 horas
Sobre este punto referido al empleo, Cabrera también destacó que iba “bien”, mientras que sobre la jornada laboral de 35 horas semanales estaría “muy ambiguo” por el momento.
Las organizaciones sindicales pidieron volver a la situación anterior del Estatuto Básico del empleado público, en la que había una jornada máxima de 37,5 horas, así como que las distintas administraciones puedan establecer jornadas distintas adecuadas a sus características laborales y que acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.
El Gobierno habría planteado una “cierta flexibilidad” y cree que habría sectores en posición de poder discutir esa posibilidad. Por último, sobre la prestación por incapacidad temporal, que los sindicatos piden reponer al 100%, Hacienda ofreció realizar un plan de trabajo para analizar el absentismo y estudiar la posibilidad de incrementar las prestaciones parcialmente.
