El pasado mes de mayo, la Guardia Civil de Santa Cruz de la Zarza se percató de la nueva llegada de trabajadores temporeros a esta localidad, hecho que viene produciéndose desde hace varios años. Se trata de personas de nacionalidad rumana que se hospedan en este municipio pero que trabajan en explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de ajo y cebolla en la Vega del Tajo, en localidades madrileñas como Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera y Colmenar de Oreja.
La Guardia Civil les solicitó la documentación pertinente sobre pruebas COVID a estas personas, 10 mujeres y 15 hombres, y se interesó por el lugar donde se hallaban hospedados, siendo informados de que vivían en una nave ubicada en Santa Cruz de la Zarza y que trabajaban para una empresa agrícola con sede administrativa en Las Pedroñeras (Cuenca).
Cuando los agentes comprobaron las pésimas condiciones de habitabilidad en este lugar abrieron una investigación, denominada operación ‘Ustoroi’, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes solicitaron al Ayuntamiento los posibles alojamientos existentes en la localidad destinados a trabajadores temporeros, facilitando desde el Consistorio tres ubicaciones. Uno de estos alojamientos era la nave donde habitaban estas 25 personas de origen rumano en pésimas condiciones y que trabajaban para la citada empresa conquense.
La Guardia Civil, ha informado en nota de prensa, comprobó que los otros dos alojamientos eran viviendas que mantenían las condiciones mínimas de salubridad donde vivían personas que trabajaban en explotaciones agrícolas de municipios de Madrid, pero para otra empresa distinta.
Seguidamente se realizaron gestiones para localizar al dueño de la nave investigada. El propietario informó a la Guardia Civil que se la había alquilado a un hombre, administrador de la empresa con sede en Las Pedroñeras, al cual ya se la había alquilado en años anteriores, y para un uso exclusivo de acopio de maquinaria o almacenaje.
La Guardia Civil de Santa Cruz de la Zarza inició las gestiones de identificación de esta persona, a la vez que solicitaban la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo para realizar una nueva inspección conjunta en esta nave. También se puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Madrid a la que se informó del lugar donde estas 25 personas estaban trabajando de temporeros.
Finalmente el 9 de julio, personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo junto con Guardia Civil realizaron una nueva inspección y se levantó acta de la situación en la que se encontraban estas personas.
A finales del mes de agosto, los agentes pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Ocaña las diligencias instruidas con el fin de citar judicialmente como investigado al administrador de esta empresa conquense, responsable de la contratación de estas personas, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
