El responsable regional de Política Institucional de la formación, Txema Fernández, ha denunciado que se realizarán obras civiles –renovación de la casa rural de Mantiel, arreglo de la piscina municipal de Cañaveruelas o adecentamiento de la cubierta de la plaza de toros de Alcocer–, supuestamente relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y depuración que además, en algunos casos, son parte de la infraestructura que gestiona una empresa privada concesionaria del servicio integral del agua en esos municipios, «por lo que estas inversiones van a hacer eficientes a las empresas de agua que gestionan este derecho», según ha informado IU en nota de prensa.
Desde la coalición han señalado que el Gobierno regional ha incrementado las competencias de la Agencia del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, restando competencias a otras consejerías para que sea este órgano el que gestione, hasta diciembre de 2026, la ayuda directa de 40 millones de euros concedida por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la ejecución de actuaciones de mejora socioeconómicas en los núcleos próximos a los embalses de Entrepeñas y Buendía.
En el decreto publicado se declaran las obras de inversión como ‘actuaciones de especial interés’, figura administrativa que Izquierda Unida Castilla-La Mancha considera «controvertida porque sustrae a las entidades locales afectadas la decisión última, quedando limitada su participación al trámite de consultas y a promover la alteración del planeamiento urbanístico para adaptarlo al planeamiento territorial, si fuera necesario».
De hecho, el responsable regional de Política Institucional de la formación ha preguntado «cómo se va a controlar el interés supramunicipal» porque «no existen demasiados mecanismos, y muchos de ellos están cuestionados por sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, que garanticen con esta declaración que la tramitación sea la adecuada».
Además, se trata de obras civiles relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y depuración que, en algunos casos, son parte de la infraestructura que gestiona una empresa privada que tiene concedida la gestión integral del agua en esos municipios, lo que propicia «que estas inversiones van a hacer eficientes a las empresas de agua que gestionan este derecho».
Es decir, recalcan, se acometerán intervenciones de urbanización en el Polígono P6 de Sacedón «escapando al control municipal», se renovará la casa rural de Mantiel, se arreglará la piscina municipal de Cañaveruelas, o se adecentará la cubierta de los colegios y la plaza de toros de Alcocer, cuando «el óptimo desarrollo viene determinado por cómo se encuentran las principales masas de masas de agua que han revitalizado la zona durante años, es decir, del estado de los embalses de Entrepeñas y Buendía».
De ahí que Txema Fernández alerte de que «el recurso que hace que los municipios ribereños tengan una capacidad de mantener el desarrollo económico de forma próspera está en límites muy bajos, siendo el factor principal que lo provoca el Trasvase Tajo-Segura, que continúa con la misma fuerza trasvasista». Y ahora, ha advertido, «esta potente subvención será gestionada por la Junta al margen del planeamiento municipal y atendiendo a las necesidades generadas desde la ‘nueva’ Agencia del Agua», olvidando «que el mayor motor de potenciación del desarrollo económico y social es el agua que hoy falta en los embalses porque se la llevan al Levante».
Situación, ha denunciado, provocada por «el Ministerio de Transición Ecológica a través de un trasvase mensual que garantiza un modelo insostenible de regadío industrial hortofrutícola que solo asegura el beneficio empresarial». Eso, aprecia, «mientras en esta región solo podremos cambiar las redes de suministro y saneamiento para gestionar cada vez menos agua» porque, asegura Txema Fernández, «manteniendo las reglas trasvasistas ni 40 millones ni el doble podrán garantizar un futuro sostenido para estos municipios ligados a su potencial principal: el agua»
