El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, se ha felicitado por la paralización del proyecto de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) por parte de la empresa Enresa, afirmando que esta paralización “es un éxito de la movilización ciudadana mantenida durante años, que han estado frontalmente en contra de esta instalación verdaderamente perjudicial para el medio ambiente y para la salud”. También ha reprochado la actitud del presidente regional, Emiliano García-Page, “intentando apuntarse el tanto”.
“Quien ha tomado la decisión de paralizar este proyecto ha sido el Gobierno central, a quien tanto le gusta criticar, y no el Gobierno regional”, ha aseverado, según ha informado la coalición en nota de prensa.
Crespo también ha avisado que esta noticia “no supone una paralización absoluta, pero es un paso muy decidido el dado por la empresa al renunciar a este proyecto para dar el punto final a ese proyecto que supone a una agresión para Castilla-La Mancha y para Cuenca”.
Por último, Crespo ha pedido que los 217 millones que iban a destinarse a esta instalación nuclear se inviertan en energías alternativas en Cuenca para convertirse en una herramienta que combata la despoblación.
PIDE QUE SE IMPONGAN TASAS A LA LLEGADA DE RESIDUOS DE OTRAS REGIONES
Por otra parte, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que imponga unas tasas que no faciliten la llegada de residuos de otras comunidades autónomas a Castilla-La Mancha.
Así lo ha expresado en rueda de prensa Juan Ramón Crespo, quien también ha pedido “poner coto” ante el incremento de los vertederos y residuos en Castilla-La Mancha.
De esta manera, IU se ha sumado a las reivindicaciones de Ecologistas en Acción, quien también ha denunciado públicamente la situación de los vertederos en la región, y han añadido que su formación ya advertía hace unos años que Castilla-La Mancha se estaba convirtiendo en el “basurero de España”, enumerando algunos ejemplos como los vertederos de neumáticos de Seseña, la planta de tratamiento de residuos tóxicos de Chiloeches o la quema de los lodos de la Laguna Negra de Arganda del Rey.
Crespo ha exigido que haya un control y que se conozcan los residuos que llegan a esos vertederos. “Es imprescindible se realicen auditorías externas para conocer la situación de los residuos que entran y el tratamiento que se les da, y aún sería mejor que esa inspección se realizase directamente por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Consejería de Desarrollo Sostenible”, ha manifestado.
Por ello, desde la formación de izquierdas han pedido unas tasas adecuadas para que Castilla-La Mancha “no sea atractiva” para la llegada de basuras de otros puntos del país y se han adherido a la petición hecha por Ecologistas en Acción, exigendo que se hagan públicos los datos de los residuos que se producen y reciben en la región, al igual que los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados a través del Plan de Inspección Transfronterizo de residuos.
ALERTA DE LA “PROFUNDA PRIVATIZACIÓN” DE SERVICIOS SOCIALES CON LA LEY DEL TERCER SECTOR
De otro lado, la coalición ha alertado de que la aprobación de la nueva Ley del Tercer Sector abunda en la privatización de los servicios sociales en la región. La formación de izquierdas ha presentado una serie de propuestas al proyecto de Decreto por el que se regula el concierto social de Servicios Sociales a las personas de Castilla-La Mancha.
“La Junta de Comunidades está deseando privatizar todo y, en este caso, los servicios sociales y dárselos a las grandes empresas”, ha asegurado Juan Ramón Crespo.
“Desde IU defendemos que estos servicios deben ser prestados desde lo público y creemos que la Junta de Comunidades, quien tiene las competencias, no debe ceder a las empresas privadas”, ha explicado el líder de la formación de izquierdas, quien también ha pedido la derogación de la actual Ley del Tercer Sector.
Por último, Crespo ha pedido la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales, en la línea de otras comunidades autónomas, que “garantice el mantenimiento del sistema público de servicios sociales, sin incluir dentro del sistema a ninguna entidad privada ni mercantil”.
