IU C-LM pide que la Junta vigile el cumplimiento de la seguridad en las empresas que tiene contratadas

Lanza Toledo
Mario García

Mario García

La Junta, dicen en IU, "debe estar vigilante y controlando que todas las medidas y protocolos de seguridad se cumplen en los centros de trabajo dependientes de esta, máxime ahora que el coronavirus provoca un riesgo real y en potencia para los trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellos que desarrollan su trabajo en centros donde deben aplicarse las medidas preventivas".

Izquierda Unida ha puesto «sobre aviso» a la Junta, para que esta no se desentienda de las condiciones laborales de los trabajadores que están contratados por las empresas que a su vez están contratadas por el Gobierno regional «para prestar un servicio de forma externalizada a la administración pública».

Esta reclamación se hace, según Izquierda Unida, ya que «ya hay alguna empresa que tiene un contrato con la Junta, que ha sido infractora» de la Ley, con carácter grave, en el artículo 12.16.f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE del 08.08.2000), y 45.1 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

«Cuando la Junta privatiza o mantiene privatizado un servicio en su ámbito, no sólo está perjudicando a las condiciones laborales básicas de los trabajadores y trabajadoras, sino que está exponiendo a estos, a que las condiciones coyunturales o puntuales, como está siendo la crisis sanitaria por el COVID-19, puedan afectar muy negativamente a las condiciones laborales de estos trabajadores», ha afirmado el coordinador provincial de IU Toledo, Mario García, en un comunicado.

«Una vez más, nos encontramos con otro ejemplo de como las privatizaciones que hace la Junta para la prestación de servicios, toman como rehenes a los trabajadores, mientras contratante y contratista negocian las condiciones que más les pueda favorecer o interesar, sin tener en cuenta las de los y las trabajadoras», ha manifestado García.

Con todo esto, Izquierda Unida exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «que no se desentienda y abandone a trabajadores y trabajadoras de empresas privadas que prestan servicios en centros dependientes de la Junta, ya que la firma de un contrato de privatización no es una licencia para desentenderse de los trabajadores».

La Junta, dicen en IU, «debe estar vigilante y controlando que todas las medidas y protocolos de seguridad se cumplen en los centros de trabajo dependientes de esta, máxime ahora que el coronavirus provoca un riesgo real y en potencia para los trabajadores y trabajadoras, especialmente en aquellos que desarrollan su trabajo en centros donde deben aplicarse las medidas preventivas».

Desde la formación de izquierdas mencionan «el caso de alguna de las empresas infractoras, que han sido incumplidoras por exponer en un riesgo grave a la integridad física o la salud de los trabajadores, en materia de medidas de protección colectiva o individual, al no proveerles de EPIs frente al COVID-19, cuando el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha manifestado en algún caso, que la empresa podría haber adquirido sin problemas los EPIs».