El responsable del Área de Educación de Izquierda Unida Castilla-La Mancha considera que los Fondos extraordinarios de la Unión Europea y del Gobierno de España deben dedicarse a implementar recursos que garanticen la educación inclusiva y el refuerzo del principio de igualdad de oportunidades, “porque la educación no es un gasto, es una inversión”, ha defendido González.
Y puesto que la red de centros públicos, su profesorado, recursos materiales e infraestructuras, están al servicio de una educación integral del alumnado, ha denunciado la privatización del sistema educativo especialmente en las enseñanzas no obligatorias, ha informado en nota de prensa la formación.
El responsable del Área de Educación de Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha lamentado que “en lugar de avanzar en medidas que fortalezcan la equidad y la calidad en la escuela pública, las administraciones se retrotraen a las nefastas condiciones de la educación pública antes de la pandemia, es decir, menos recursos y más ratios de alumnado por aula.
“Pese a la inyección de varios millones de euros por parte del Gobierno del Estado a las autonomías, con la recomendación de priorizar la educación pública, tememos que el reto de alcanzar la escolarización universal en la enseñanza pública de 0 a 18 años siga retrasándose”, ha alertado.
Por ello, Izquierda Unida Castilla-La Mancha propone “la supresión progresiva de la financiación pública de la enseñanza privada concertada para conseguir una red pública única de centros educativos de gestión directa y participada por toda la comunidad educativa”.
González, además de demandar a la Consejería de Educación “inversiones suficientes para garantizar la universalización de la Educación Infantil en la escuela pública”, ha reclamado considerar educativa la etapa completa de 0 a 6 años y que los centros donde se imparta dependan exclusivamente de las Administraciones educativas; y crear nuevos centros y aulas de Educación Infantil.
De igual modo, considera necesario ofertar plazas gratuitas en todos los centros, proporcionando los medios y el personal suficiente para poder acoger al alumnado de 0 a 3 años; reducir las ratios en esta etapa, así como convocar oferta de empleo público con suficientes plazas de profesorado de Magisterio y de personal técnico de Educación Infantil para dar respuesta a las necesidades de los nuevos centros.
