Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno que haga las restricciones necesarias en el tránsito de viajeros entre Madrid y las provincias limítrofes de la comunidad castellan-manchegas. La formación de izquierdas ha denunciado el peligro que suponen los miles de trabajadores castellanomanchegos que diariamente viajan a la Comunidad de Madrid a trabajar, «muchos de ellos a sectores que no se entiende que sean estratégicos en este Estado de Alarma como es la construcción».
Según ha informado la coalición en nota de prensa, uno de los ejemplos es la obra que Tragsa tiene abierta en el antiguo Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza Marqués de Salamanca de Madrid, donde trabajan más de 200 obreros, muchos de ellos de poblaciones de Toledo y Guadalajara. Una obra que para IU no es urgente y que se podría acoger a la suspensión al haberse alcanzado un acuerdo entre empresa y sindicatos.
El Coordinador Regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha pedido que «el tránsito entre Madrid y las provincias limítrofes de Castilla-La Mancha se limite a lo estrictamente necesario para garantizar los servicios esenciales y actividades de apoyo a la ciudadanía, y que por lo tanto, se aplique la Orden INT/262/2020, publicada el 21 de marzo en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y cierre la circulación de tráfico con Madrid».
En este punto, ha considerado que «esta medida no solo impediría el trasiego de los miles de trabajadores que viven en pueblos de Toledo y Guadalajara, sino que también evitaría el viajes de miles de personas que aprovechan el cese de su actividad para trasladarse a vivir en las segundas viviendas que muchos tienen en estos pueblos».
La formación de izquierdas ha recordado que la mayoría de estos pueblos son muy pequeños, con una población muy envejecida y con una mala asistencia sanitaria, por lo que el contagio en estos casos podría ser «muy grave».
Crespo también ha pedido que en el conflicto que se encuentra abierto entre la empresa Vestas de Daimiel y que afecta casi a 1.300 trabajadores «se antepongan las medidas de seguridad en defensa de la salud y de contención de la epidemia a cualquier otro interés y si fuese necesaria la suspensión de la actividad se así haga», recordando que estos trabajadores proceden de toda la provincia, «lo que en caso de un brote podría extenderse por toda Ciudad Real».
Por ello, desde IU han pedido que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ponga al frente de esta reivindicación y que los afectados por el cierre de sus empresas se acojan a las ayudas desplegadas por el Gobierno para cobrar la prestación por desempleo aunque no tenga el tiempo mínimo de cotización.
