Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha propuesto a la Junta de Comunidades que el servicio de transporte sanitario terrestre sea gestionado de forma pública, dado que, según la formación, supondrá garantizar un servicio de mayor calidad para los usuarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, a propósito de la firma por parte de la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, de una resolución por la que se procede a dictar el inicio para la resolución de los contratos de concesión del servicio de transporte sanitario en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara ante los “reiterados incumplimientos” por parte de la empresa concesionaria, SSG.
Crespo ha señalado que Izquierda Unida ha lamentado en reiteradas ocasiones la “privatización” de este servicio, pues este tipo de gestión solo persigue “maximizar beneficios y no ocuparse de la calidad de este”.
Desde octubre de 2017
El servicio a cargo de SSG, ha recordado Crespo, comenzó a prestarse en octubre de 2017 y “desde el primer momento comenzaron los problemas como retrasos en los servicios, vehículos envejecidos que no se correspondían con los requisitos exigidos en el contrato de concesión, usuarios esperando en las cunetas y el incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores”.
Estos “incumplimientos” desembocaron en el anuncio de sanciones, ha añadido Crespo, por parte de la Junta de Comunidades. “Ha tenido que pasar un año para que veamos una acción decidida por parte de la Junta y el Sescam y ha sido cuando hemos visto que en Ciudad Real los trabajadores han comenzado a movilizarse cuando SSG anunció un ERTE”, ha reprochado.
Beneficio industrial
En este punto, Crespo ha precisado que de los 258 millones de la oferta para cuatro años destinados a este servicio, entre el diez y el veinte por ciento va dedicado a beneficio industrial y gastos generales, lo que se traduce en una cuantía comprendida entre los 25,8 y los 51,6 millones de euros.
Ese dinero iría, en caso de que el transporte sanitario terrestre se prestara de forma pública, a la mejora de la calidad del servicio, ha puntualizado el líder regional de IU, antes de agregar que la Administración autonómica tiene mecanismos para “absorber a los trabajadores sin necesidad de que sean funcionarios”. “Solo hace falta voluntad política”, ha remarcado.
Para el coordinador de la formación de izquierdas en Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad tiene que afrontar un “grave problema” que “puede poner en peligro los puestos de trabajo de centenares de trabajadores en la región”.
