A partir del 1 de enero, ha entrado en vigor una importante modificación en el ámbito de las prácticas no laborales en empresas. Según lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023, todas las personas que se encuentren realizando prácticas, ya sean remuneradas o no, deben cotizar en la Seguridad Social. Esta medida representa un cambio significativo, ya que anteriormente solo se aplicaba a aquellas prácticas no laborales que contaban con una remuneración asociada.
Esta novedad ha sido recibida con entusiasmo por RUGE Castilla-La Mancha, la organización que aglutina a los jóvenes de UGT en Castilla-La Mancha. Celebran la implementación definitiva de este derecho esencial, que ahora se extiende a todas las prácticas, independientemente de si son remuneradas o no. Sin embargo, expresan su pesar por la falta de inclusión de estudiantes predoctorales antiguos en esta disposición. A partir de ahora, estos estudiantes deberán solicitar y cotizar por el periodo anterior, con un límite de dos años, asumiendo también la parte de cotización empresarial que debería corresponder a la Administración.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley, esta nueva medida se aplicará tanto a las prácticas académicas universitarias, incluyendo las curriculares y las de títulos propios de la Universidad, como a las prácticas realizadas por estudiantes de formación profesional. En términos financieros, el Estado asumirá el 95% del coste para las prácticas universitarias y el 100% para las de estudiantes de Formación Profesional.
RUGE CLM (Revolución Ugetista) elogia este avance en los derechos laborales de las personas becarias, destacando que ha surgido como resultado de un acuerdo en mesa del Diálogo Social. Al mismo tiempo, insta al Gobierno a iniciar el trámite parlamentario sobre el Estatuto de las Prácticas No Laborales. Consideran que este acuerdo culminará en un catálogo de derechos que mejorarán la calidad de los periodos formativos en empresas en todo el país.
