Desde hace dos años jueces y fiscales de los juzgados de instrucción y primera instancia, lo que ellos llaman “de trinchera”, soportan un permanente sinvivir, en especial los segundos, para cumplir los plazos de instrucción de las causas penales (seis meses para diligencias simples y dieciocho para complejas) fijados en una polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) de 2016.
“Las dificultades prácticas de la aplicación de los reducidos plazos de instrucción impuestos por el artículo 324 (LEcrim) produce en la práctica supuestos de impunidad derivados de la imposibilidad de investigar infracciones penales por agotamiento del plazo de seis meses”, denuncian estos profesionales en las conclusiones del encuentro anual que han celebrado por tercer año consecutivo. “Además se quiebra el derecho de defensa por aplicación de los plazos”, añaden.
Bueno para poner en común puntos de vista
El encuentro, que ha codirigido la fiscal Escarlata Gutiérrez, adscrita a la sección territorial de Manzanares, ha servido sobre todo para intercambiar conocimientos y cuestiones que afectan al inicio de cualquier procedimiento judicial, la parte más importante de un caso. “Ha sido muy bueno para poner en común los diferentes puntos de vista entre jueces y fiscales de la comunidad autónoma que en pocas ocasiones podemos tener un contacto tan directo”, subraya Gutiérrez, que incide en la parte práctica del encuentro, el tercero que se celebra en Castilla-La Mancha.
Titulado ‘Derecho Penal: cuestiones prácticas para jueces y fiscales de trinchera’ se han abordado otras materias de la primera línea de la carrera judicial y fiscal, como las diligencias urgentes (juicios rápidos). Sobre esta cuestión piden al Poder Judicial potenciarlas “como mecanismo para una respuesta rápida y eficaz ante el delito, instrumento de protección a la víctima y refuerzo de la confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal. En estos momentos las diligencias urgentes se circunscriben a delitos de tráfico y seguridad vial, violencia doméstica (casos menos graves) y ciertos hurtos y robos.
Violencia de género
Los jueces y fiscales de trinchera de Castilla-La Mancha (más de treinta en este encuentro) también han abordado “la necesidad de adoptar una decisión legislativa sobre derogación o mantenimiento de la dispensa legal a declarar, especialmente en el ámbito de la violencia doméstica y de género”.
En estos momentos las víctimas están exentas de declarar contra sus presuntos maltratadores, según Gutiérrez “esto no es ni mejor ni peor, lo que decimos es que se fije un criterio único”, porque en la práctica su aplicación diluye su fuerza probatoria.
Durante el encuentro también se ha tratado la comunicación institucional en la administración de justicia, a través de iniciativas para difundir en redes sociales la labor que realiza el ministerio fiscal en la región, o el trabajo de las oficinas de comunicación de los tribunales superiores.
El curso lo ha dirigido el fiscal decano de la sección territorial de Ocaña (Toledo), Juan Luis Ortega Calderon, la magistrada Ethel Honrubia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda, y la fiscal de la sección territorial de Manzanares Escarlata Gutiérrez. En la coordinación ha participado el magistrado César Monsalve Argandoña, presidente de la Audiencia Provincial de Albacete y coordinador territorial de formación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, informa el propio TSJCLM.
