El objetivo del convenio es establecer las bases generales de colaboración para implementar el programa de servicio especializado de apoyo en la compra para personas consumidoras con discapacidad en los establecimientos en régimen de autoservicio, como grandes superficies, hipermercados y supermercados, adheridos al programa en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Se podrán acoger a este servicio las personas con discapacidad reconocida con al menos el 33 por ciento de grado de discapacidad, que presenten limitaciones para poder realizar una compra en igualdad de condiciones que el resto de las personas independientemente de su discapacidad física, sensorial, intelectual, del desarrollo o enfermedad mental.
Asimismo, también se podrán acoger personas mayores o que padezcan de enfermedad crónica, con limitaciones en la movilidad y de tipo cognitivo que presenten también el grado de discapacidad antes referido.
Así, las empresas adheridas al convenio estarán identificadas a través de logos que expondrán en la entrada a sus negocios, con personas dedicadas a esta tarea perfectamente identificadas a través de chalecos que llevarán el mensaje de ‘compra asistida’.
El personal responsable de prestar el servicio de asistencia y apoyo a la compra puede responder a varios perfiles según criterio de cada una de las empresas adheridas, siendo personal propio de la empresa el que reciba una formación ‘ad hoc’ para desempeñar las funciones de asistente en la compra asistida a personas con discapacidad, o bien a través de personal externo. Siempre que resulte posible, se optará por la contratación de personas con discapacidad.
Estas personas orientarán, informarán y facilitarán a los consumidores el proceso cotidiano de la compra en una “apuesta decidida” por la igualdad de derechos y oportunidades.
A través del convenio, se impulsará la implementación de iniciativas y medidas propuestas en el desarrollo del programa, la difusión y promoción de las iniciativas objeto del programa mediante los recursos propios de la organización y el facilitamiento de los distintivos o carteles de información que deben exhibir los establecimientos adheridos al programa, entre otras cuestiones.
Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio, todas las partes constituirán una Comisión de Seguimiento, integrada por un representante de cada una de ellas y que será presidida por el director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera.
Periodo de implementación de tres meses
Desde la entrada en vigor del presente convenio se contempla un período de implementación, de un máximo de tres meses, para llevar a cabo las acciones y medidas precisas.
El acceso al servicio se podrá realizar por cita previa y la concertación del servicio de compra asistida por parte del potencial cliente, a través de los canales que establezca la empresa, como pueden ser correo electrónico, página web, teléfono gratuito o con la app que tenga disponible, si procede. En cualquier caso, el sistema deberá ser plenamente accesible.
Del mismo modo, se deberá establecer un tiempo mínimo necesario para poder concertar como cita previa la prestación de dicho servicio o bien con arreglo a un espacio horario previamente estipulado al respecto.
Además, de forma voluntaria por parte de las empresas podrá optarse asimismo por la asistencia solicitada ‘in situ’ en el establecimiento por parte de cualquier persona con discapacidad que la necesite en el mismo momento.
