Según ha expuesto en la lectura de su informe, los delitos “ya han prescrito entre uno y 11 años antes de que se pusieran las denuncias, en el verano de 2015”. Del mismo modo, ha argumentado que “todos los hechos presuntamente delictivos acontecen antes de la reforma del Código Penal en 2010”, y ha asegurado que la Constitución dice que “una persona no puede ser juzgada por hechos que no eran delito en el momento en el que se produjeron”.
Durante la exposición de su informe final, el abogado defensor ha contradicho víctima a víctima el relato de sus hechos, poniendo de manifiesto diferentes versiones tanto de denunciantes como testigos en sede policial y judicial y ahora en el juicio.
Así, ha incidido en que “no ha existido ningún tipo de prueba de los hechos”, reiterando que tienen que prescribir los hechos. A la vez, ha argumentado que los hechos tienen que ser mirados de forma individual y no conjunta, porque los presuntos delitos cometidos “no son iguales unos de otros”.
Aparte, también ha pedido la absolución del delito de abusos sexuales que pide la víctima A.H porque, según la versión del letrado, “durante la instrucción, el profesor no fue informado de que se le imputaba este delito”.
Igualmente, ha incidido, como hiciera el profesor en su declaración el primer día, que cuando se produjeron las relaciones sexuales “la víctima ya era mayor de edad en base a todas sus declaraciones tanto ante la Policía como al Juzgado de Instrucción”. Ha insistido también en que A.H. “era la que controlaba la situación, llamando al profesor para tener citas, estando los dos conformes en todo momento”.
Informes de Fiscalía y acusaciones
El Ministerio Fiscal ha argumentado durante esta última sesión en la presentación de su informe final que los delitos que se imputan a J.M.M.T. “han quedado más que acreditados”, dejando claro que “no existen más testigos presenciales que las víctimas y el acusado”.
La fiscal del caso, citando a las psicólogas forenses que declararon el viernes, ha dicho que “no existen motivos ajenos a la propia denuncia, ya que no se aprecian motivos que hacen pensar que los ex alumnos de J.M.M.T. querían denunciarle en falso”.
También ha dicho que entre las víctimas existe un hilo conductor común, “personas introvertidas con anhelos de triunfar en el mundo del piano, quienes empiezan en temprana edad a estudiar con el acusado y eso, sujeto a la batería de humillaciones hacen que admiren al profesor, hacen que sientan dependencia emocional de él”.
El Ministerio Fiscal cree que es importante las declaraciones de los dos testigos que mantuvieron relaciones con dos de las víctimas después de que lo hubieran hecho presuntamente con el profesor. “Ambos han coincidido en que las víctimas han tenido ataques de pánico después de haber mantenido relaciones con el acusado”.
Del mismo modo, ha citado una “falta de lógica” que de que “se haya prestado un plan en contra de J.M.M.T, porque, por ejemplo, cuando una víctima acaba la docencia con él, otra la está empezando”. Ha asegurado también que es “ilógico” que persona de diferentes edades se pongan de acuerdo para contar lo mismo.
Sobre la prescripción, el Ministerio Público entiende que “no la puede haber”, porque “estamos en presencia de un comportamiento donde existe una unidad natural de acción y porque el profesor no ha parado de cometer el delito”. Por último, ha pedido al magistrado de la Audiencia Provincial que se condene a la Junta de Castilla-la Mancha con la responsabilidad civil al ser la entidad titular de la gestión del Conservatorio.
La abogada de las víctimas cree que el derecho a la defensa del profesor “no ha sido vulnerado, ya que compareció con abogado y procurador en todo momento”, de igual modo “que siempre tuvo constancia de los delitos que se le imputaban”.
La letrada ha dicho en su informe final que “todos los delitos tienen una misma unidad, que se van prolongando a lo largo del tiempo, y que cuando uno acababa, comenzaba otro”. También cree que las víctimas “tenían miedo de denunciar antes los hechos y que fuesen ellas las considerabas como culpables de lo que les había pasado”.
También ve “más que acreditados” todos los delitos, y que “cuando se cometieron, las víctimas eran menores de edad, que lo que buscaban en el profesor era una protección, no que se les agrediera”.
Sin uso de la última palabra
El letrado de la Junta de Castilla-la Mancha ha pedido al magistrado que “en parte” se exima a la institución regional de la responsabilidad civil por varios motivos. Sin negar que el origen del vínculo en el que se producen los hechos tiene lugar en el Conservatorio, estos se extienden de su ámbito y fuera del centro musical.
También cree que “hay delitos que se exceden de las funciones del cargo del profesor”, y que la Junta de Castilla-La Mancha empezó a gestionar el Conservatorio a partir del año 2007-2008, siendo su anterior gestor la Diputación de Cuenca.
Antes de que concluyera la última sesión, el magistrado ha concedido a J.M.M.T. el derecho a la última palabra. El acusado, simplemente se ha limitado a decir que no tenía nada más que declarar.
Así, el juicio contra J.M.M.T. ha quedado visto para sentencia, la cual podría ver la luz en un plazo de entre 15 y 30 días.
