En la federación regional, el secretario general, Juan Antonio Navalón, ha explicado que esta campaña da continuidad a una anterior donde ya se recogía la «preocupación» de Comisiones Obreras por este problema y, por ello, ha advertido que la situación de la pobreza energética se ha acentuado para muchas familias en este final de año, algo que notan en particular pensionistas y jubilados, ha informado el Comisiones Obreras en nota de prensa.
«En Castilla-La Mancha son más de 379.000 las personas que tienen una pensión que de media no llega a los 960 euros, pero es que las de viudedad están en torno a los 735 y el 35 por ciento de pensiones necesitan el complemento a mínimos», ha manifestado, reflejando a las administraciones que la pobreza energética tiene que ser atajada, ya que se está viendo que «condena» a las familias a la exclusión social y afecta a la salud.
«Hay muchas familias que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada en invierno y aunque se han puesto en marcha medidas para mejorar la situación, el aumento disparado de los precios de la energía en estos meses ha agravado la situación», ha advertido Navalón.
Por otro lado, el responsable de la Federación ha aludido a otros datos que refrendan esta campaña en la que reclaman la energía como un «derecho», ya que en esta comunidad casi el 20 por ciento de las personas llegan a fin de mes con «dificultad» y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social está cerca del 3o por ciento, «por encima de la media».
Estos datos están vinculados a personas que dependen de una pensión, por lo que «es vital» seguir mejorando el sistema público de pensiones, como se ha hecho con el último acuerdo con el Gobierno y los sindicatos.
Navalón se ha referido a las propuestas que CCOO viene haciendo en la materia de energía, como revisar los criterios de acceso al Bono Social para que cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social.
A estas propuestas se suman otras como crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al Bono Social y a subvenciones para rehabilitación energética de sus viviendas y sobre medidas de eficiencia energética y de cambios en la factura eléctrica.
Desde la Federación de Pensionistas del sindicato también se ha propuesto reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad con el fin de «eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas o prolongar la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables».
