Los delitos contra la libertad y la integridad sexual aumentaron un 17% en el año 2018 en la región, según cifras del fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, que ha presentado este jueves la memoria.
Martínez ha asegurado que se trata de un “inquietante ascenso” de estos delitos sexuales -en todas las modalidades delictivas- y que vienen a sumarse que se produjo en el 2017, “lo que hace que la cifra sea más preocupante todavía”.
“La problemática de los delitos sexuales ha variado”, ha señalado el fiscal durante la comparecencia ante los medios. Según los datos de la Fiscalía, se producen agresión, abuso, acoso sexual y los delitos sexuales contra menores de 16 años. Éstos últimos son los que presentan en 2018 las cifras más altas del quinquenio (2014-2018) y se debe a que afloran en una realidad que existía, pero que había permanecido oculta.
“Encontramos abuso o agresión sexual en el seno familiar, que tiene como víctima a un menor de edad, incluso en edades extraordinariamente tempranas y el agresor forma parte del círculo de confianza”, asegura el fiscal superior de Castilla-La Mancha.
Las cifras también destacan un incremento del trabajo judicial y del número de casos por delitos relacionados con violencia de género y que comprenden amenazas, coacciones y/o maltrato.
Homicidios dolosos y asesinatos
Lo delitos de tipo sexual no son los únicos que han aumentado en la región a lo largo del año 2018. También lo han hecho los homicidios dolosos y asesinatos. “Vemos que 2018 arroja una cifra muy por encima de la media del quinquenio” y cierra con un total de 49 homicidios dolosos o asesinatos en el año. Esto, es un caso de media a la semana, una cifra “muy elevada” para un territorio como Castilla-La Mancha.
El fiscal se ha detenido a valorar que la región ha sido la primera en aplicarse la reforma del año 2015 por la que se incorpora la condena de la prisión permanente revisable, en el caso del cuádruple crimen de Pioz, Guadalajara.
Por provincias, se registraron once casos de delitos de homicidio doloso y asesinato en Albacete, otros once en Ciudad Real, siete en Cuenca, cuatro en Guadalajara y 16 en Toledo.
Descenso de delitos leves
Las cifras hechas públicas este jueves por José Martínez muestran que a día de hoy hay “estabilidad en cuanto al índice de delincuencia pero aumentan los delitos graves” en el territorio autonómico, que se han traducido en un descenso de los juicios por este tipo de delitos.
“Se aprecia un ascenso del 23% de delitos graves”, ha especificado el fiscal que asegura que 2018 ofrece “la cifra más alta de todo el quinquenio” en los casos de delitos graves. Por contra, otros como los delitos contra el patrimonio han sufrido un paulatino descenso desde el año 2014 y han quedado reducidos a 11.200 casos en toda la región en 2018.
Medidas cautelares
Otro de los datos que ha ofrecido este jueves José Martínez, son los de las medidas cautelares -prisión provisional- que se han activado en 330 ocasiones en todo el territorio de Castilla-La Mancha especialmente en los casos de delitos contra propiedad, tráfico de drogas, delitos contra las personas, contra la libertad sexual, y también crecen las peticiones en casos de violencia de género.
Se mantienen en el mismo punto, con respecto del año anterior, los juicios con jurado popular. A lo largo del 2018 se registraron un total de 19 en toda la región, la mayoría de ellos en Toledo. “Se trata de juicios por casos de homicidio, asesinato consumado y algún caso de cohecho, malversación o delito contra la Administración Pública”, ha recordado el fiscal general de Castilla-La Mancha.
Desde el año 2013 disminuye el número de procedimientos abreviados. Aun así, en el año 2018 los delitos de acusación de procedimiento abreviado superan a los escritos de acusación en juicio rápido, invirtiendo la tendencia de años atrás. Según las cifras aportadas el 97% de los escritos de acusación van a lo penal y un 3% restante van a la Audiencia Provincial.
Según el fiscal, a 31 de diciembre de 2018 también se había reducido sensiblemente la cifra de procedimientos abreviados pendientes lo que supone “un síntoma de eficacia de la Fiscalía” detrás del cual está el artículo 334 por el que se reduce la tramitación de asuntos penales a un límite de seis meses, salvo excepciones.
También bajan los juicios rápidos que se han tramitado en la región aunque la cifra es muy próxima a la de los procedimientos abreviados.
