El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado este martes en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración esta semana el anteproyecto de ley, un texto que emana de su departamento y que tiene «carácter extraordinario» tanto por los fines como por las medidas que contempla.
El texto, cuyo objetivo es el de dar una respuesta «lo más ágil posible» para todo lo que está relacionado con los fondos europeos, se llevará a Consejo Consultivo por el trámite de urgencia para, en función de las observaciones que allí se realicen, poder elevarlo al Consejo de Gobierno ya como Proyecto de Ley y que llegue al Parlamento a partir de la mitad del próximo mes.
Los recursos que espera obtener la Comunidad Autónoma de los que reciba España por parte de la Unión Europea, su gestión y el «reducido margen temporal» del que va a disponer la región para cumplir los objetivos de ese fondo de recuperación hacían necesario, de forma excepcional, «disminuir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos» sin que se produjeran «mermas» en las garantías y controles que deben regir la gestión pública.
Castilla-La Mancha quería simplificar los procedimientos administrativos para que el impacto económico y social derivado de esos fondos europeos de recuperación «sea lo más inmediato posible» en aras a la reactivación económica y aunque en un principio manejó varias alternativas, como la modificación de toda la normativa relacionada con convenios, subvenciones, contratación o control, vio «más oportuno» agrupar todas las novedades y modificaciones en un solo texto «para mayor seguridad jurídica» de aquellos a los que va dirigido.
RACIONALIZACIÓN Y EFICIENCIA
El anteproyecto de ley de medidas urgentes de agilización y simplificación de procedimientos para la gestión y ejecución de los fondos europeos de recuperación se rige por los principios de «racionalización y eficiencia en la utilización de medios y recursos, agilidad, celeridad y prioridad en la tramitación».
Consta de 40 artículos, tres disposiciones adicionales y 14 disposiciones finales que tratan, según el titular de Hacienda, «de afrontar o hacer cumplir» a su vez cuatro líneas de actuación, la primera de las cuales se basa precisamente en la agilización y simplificación de los procedimientos que se deben llevar a cabo en materia de convenios, ayudas, subvenciones y contrataciones, con tramitación de urgencia para todos los procedimientos que se deriven de esos fondos, reduciendo plazos; o sustituir «la fiscalización plena y previa a la realización de actos de contenido económico por una fiscalización limitada».
Dentro de esta primera línea también se introduce la posibilidad de pagar anticipadamente subvenciones hasta un porcentaje del 50% y simplificar la documentación que deben presentar los beneficiarios de subvenciones, darle preferencia a los trámites de contratos de este tipo, reducir los plazos a cinco días para que los órganos pertinentes realicen informes, elaborar modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares «para que puedan ser utilizados por el resto de órganos gestores» o la posibilidad de contratar en un solo expediente el proyecto y la obra.
NUEVO ENTE REGIONAL
Una segunda línea de actuación está relacionada con los proyectos prioritarios de Castilla-La Mancha mientras que la tercera prevé la creación de instrumentos dirigidos a dinamizar la economía regional como, en este caso concreto, a través de la creación de la Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
Un nuevo ente «que está muy relacionado con una de las prioridades de los fondos de recuperación, que es la transición ecológica y verde con la transición digital», ha remarcado el consejero, que ha agregado que un órgano así «va a permitir un mayor impulso al tema de las energías renovables» y será un instrumento del Gobierno regional para promover esa transición verde en el tejido productivo.
Finalmente, la cuarta línea de actuación hace referencia a los recursos humanos necesarios para «asumir esta importante carga administrativa como consecuencia de la gestión de fondos», de tal manera que se introducirán mecanismos para reforzar las plantillas donde sea necesario a través de programas temporales de empleo y creando o modificando los puestos de trabajo dirigidos a la gestión de fondos, además de formar a los empleados públicos en todas las materias de gestión de los mismos.
Por otro lado, Ruiz Molina ha señalado que la norma recoge la constitución de una Comisión Delegada para los Fondos Europeos con funciones de diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones que lleve a cabo la Junta de Comunidades y su sector público regional vinculadas a los fondos europeos.
Al tiempo, se dota a la Comisión Regional de Fondos Europeos, constituida en agosto de 2020, de las funciones de coordinación interdepartamental de todas las actuaciones que se realicen para ejecutar dichos recursos.
El Ejecutivo autonómico ha aprovechado el anteproyecto de ley para la consecución de otros objetivos previsto en la Ley de Presupuestos para 2021, que no contó con su correspondiente Ley de Acompañamiento, citando algunos ejemplos de las modificaciones que contiene la segunda parte del texto, como la supresión de la fiscalización previa en algunas ayudas o bonificaciones de tasas.
Juan Alfonso Ruiz Molina ha incidido, por último, en que este proyecto legislativo tiene «gran calado normativo y procedimental» y sirve para «engrasar la maquinaria para que seamos ágiles a la hora de ejecutar los fondos europeos» y cumplir los compromisos a los que den lugar esos recursos.
