El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que el acuerdo de inmigración entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat supone que el Gobierno facilita «que mañana Junts quiera decidir si expulsa o no a inmigrantes», lamentando el «flaco favor» que se le hace al president, Salvador Illa, con este acuerdo.
En rueda de prensa a preguntas de los medios se ha pronunciado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, que ha adelantado que este miércoles se pronunciará sobre este tema el presidente, Emiliano García-Page, «de manera rotunda y contundente».
La consejera portavoz ha tildado a Junts de «aliado extremista de derechas» que mantiene una postura que relaciona «la inmigración con la delincuencia y con criminalizar a los que vienen a nuestro país». Algo que «nada tiene que ver con las políticas migratorias que defiende la izquierda» y se acerca más a los postulados «racistas de Donald Trump y la extrema derecha».
«¿Qué hubiéramos dicho si Trump hubiera dicho que hay que expulsar de Estados Unidos a quien no habla inglés? Bueno, pues esto lo ha dicho Trump y ayer lo dijo Puigdemont. Y se lo hemos permitido», ha aseverado Padilla.
FLACO FAVOR A ILLA
De este modo, según el Gobierno de Castilla-Las Mancha, «le hacen un flaco favor al president Illa, entregando a Junts y a la ultraderecha independentista catalana el megáfono esparcidor de odio, creando una imagen de los inmigrantes y presentando a los inmigrantes como el problema de Cataluña».
Por ello, la Junta defiende «que el presidente Illa es una garantía para no poner en riesgo el modelo que defiende la política migratoria integradora», al tiempo que ha pedido esperar a saber cómo se sustancia este acuerdo en el Congreso, porque «no parece que vaya a salir la iniciativa», ya que «Vox y PP, Podemos y parte de Sumar están en contra».
En la misma línea, ha rechazado que «se quiera naturalizar este tipo de acuerdos» delegando competencias como la inmigración, un ámbito «muy sensible», que la Constitución Española, en el artículo 149, «dice que es una competencia exclusiva del Estado».
Así, ha añadido que no se van a «enredar por la conveniencia o no de ese debate constitucional, porque el fondo es mucho más grave». «Creemos que hay competencias como esta que nunca deberían dejar de ser del Estado».
También ha mostrado su preocupación la consejera portavoz por «la rabia que se pueda hacer en la Policía y la Guardia Civil» tras este acuerdo y nuevamente ha insistido en que la postura del partido de «Puigdemont, de Vox y de Aliança Catalana consiste en relacionar continuamente la inmigración con la delincuencia».
