Se trata, tal y como ha recordado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, de una reivindicación que vienen haciendo desde el Ejecutivo autonómico “desde el año 2015” con el fin de defender de las falsificaciones a productos emblemáticos de la región como son la cuchillería de Albacete, la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, la espada y el damasquinado toledano, los encajes de Almagro, el mimbre de Cuenca o Priego o el oficio de Lagartera, según ha informado la Junta en nota de prensa.
“Esta regulación supondrá, entre otros factores, una mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal”, ha señalado Marco.
Desde Castilla-La Mancha se ha venido trabajando “intensamente” por conseguir que se regule la protección jurídica de las IGP industrial y artesanal, de manera que estos productos gocen de la misma protección y reconocimiento que los productos agrícolas, lo que, además de beneficiar a los artesanos y productores, supondría un beneficio para el turismo, el comercio y la promoción del territorio, revitalizando las zonas rurales de la región y potenciando su patrimonio cultural.
Asimismo, la propuesta aprobada este miércoles por la Comisión Europea incluye apoyar el desarrollo de las regiones rurales europeas ofreciendo incentivos para que los productores, especialmente las micropymes y pymes, inviertan en nuevos productos auténticos y creen mercados especializados.
La Indicación Geográfica Protegida artesana, tal y como ha apuntado la directora general, revertirá también en los consumidores al brindarles información y una garantía de origen y calidad de los productos que están adquiriendo.
AÑOS DE REIVINDICACIÓN
El Ejecutivo castellanomanchego lleva “desde el minuto uno” de la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de Castilla-La Mancha, en el año 2015, reivindicando esta figura de protección, de la mano de los representantes de la Asociación de Cuchilleros y Afines de Albacete (Aprecu) y a través de la organización de eventos en los que se han implicado a instituciones y colectivos y que culminó con la reunión en Bruselas, en 2017, del presidente con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyne Gebhardt, y el eurodiputado Nicola Danti, para mostrar su defensa del sector artesano de la región.
Tras la decisión de Bruselas, en el 2018, de aplazar la puesta en marcha de la IGP no agrícola para la siguiente legislatura, durante los últimos meses se ha retomado la defensa de las IGP artesanales en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado esta reivindicación a la Hoja de Ruta de la Comisión consensuada con Aprecu y donde se pide una regulación que permita que los productos de la región puedan contar con una certificación, a nivel comunitario, del vínculo entre la calidad y el origen geográfico de los mismos.
Una hoja de ruta donde se recoge, además, la necesidad de establecer sistemas comunes de fomento de la producción, ayudas y promoción de los productos, tanto a nivel nacional como internacional, así como la regulación de un régimen sancionador en caso de incumplimiento, lo que evitaría la competencia desleal de productos que no cumplan con las condiciones estipuladas.
Una defensa que llevó personalmente el presidente de Castilla-La Mancha al Comité de las Regiones, donde la región coordinó la posición común de todas las ciudades y regiones españolas, celebrado el pasado 12 de octubre, donde defendió la necesidad de una figura de protección europea para las indicaciones geográficas industriales y artesanales que evite el “caos” en el libre comercio que puede darse ante la falta de una “mínima” seguridad.
Finalmente, a lo largo de estos últimos meses, el Ejecutivo regional ha mantenido reuniones con la Cámara de las provincias holandesas y la Oficina Española de Patentes y Marcas para avanzar en este sentido.
