Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha afirmado que esta reclamación entra dentro de «la normalidad institucional» y se basa en los principios de la autonomía financiera y de la lealtad institucional.
En este sentido, ha apuntado que la autonomía financiera –recogida en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la región– indica que los recursos de las comunidades autónomas no pueden estar «al albur» de las decisiones que con carácter unilateral adopte la Administración del Estado.
Respecto a la lealtad institucional, Ruiz Molina ha sostenido que «viene a decir» que si el Estado adoptara alguna decisión que pudiera afectar a los ingresos de las comunidades autónomas debería valorarlo y, en su caso, compensarlo.
Es por ello por lo que ha lamentado la decisión del PP de modificar la regulación del IVA sin contar con las comunidades autónomas, «lo que hizo que no pudieran valorar los efectos en sus finanzas y que no se establecieran los mecanismos de compensación».
Bajo el punto de vista del titular de la Hacienda castellanomanchega, esta decisión debería haberse tomado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es en este marco es donde ha dicho que se tiene que discutir ahora este asunto.
No obstante, ha puesto en valor la actitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para «corregir» este problema que «no viene de este Gobierno sino del anterior, que actuó con absoluto desconocimiento de cuáles deben ser los principios que regulan las actuaciones financieras».
«Castilla-La Mancha no puede renunciar a los 135 millones que le corresponden y autorizamos desde el Consejo de Gobierno al gabinete jurídico para que emprenda acciones administrativas en un principio y, si es necesario, luego de manera judicial, para recuperar estos millones que nos fueron hurtados en la liquidación del IVA del 2017», ha concluido.
