A preguntas de los medios, Fernández ha dicho que «en este momento el Ministerio de Igualdad dice una cosa y el Ministerio de Sanidad dice otra sobre la creación de un eventual registro de objetores». «Cuando haya una posición oficial por parte del Gobierno nosotros lo podremos valorar», ha abundado.
No obstante, ha apuntado que si se decide crear un registro de objetores «hay que hacerlo siempre ateniéndose a lo que ordena la Constitución Española». «Ya hay precedentes sobre estos asuntos que declararía que sí es constitucional un registro de estas características, pero sin embargo no sería constitucional un acceso libre a esa información, de manera que solo los directivos de los centros sanitarios podrían tener acceso a esa información».
Ha insistido, al igual que hizo la semana pasado, en que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha si es necesario realizar una interrupción del embarazo terapéutico, se hace. «Si corre riesgo la vida de la madre o del feto se practica sin ninguna duda».
«No hay ningún tipo de polémica y en ese sentido nuestros profesionales son responsables y sobre todo miran la salud y el bienestar de su paciente», ha defendido.
Por otro lado, ha afirmado que «la objeción de conciencia es la que es en Castilla-La Mancha, y las interrupciones del embarazo que son ya conforme a la ley de plazos y están programadas se derivan al sistema privado». «No hemos tenido ningún problema que se pueda destacar o que nos haya llegado», ha concluido la consejera de Igualdad.
