La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo para asegurar el acceso al aborto en Castilla-La Mancha tras las críticas del colectivo ‘Ágora Feminista’ de Albacete y Amnistía Internacional, quienes han denunciado la falta de acción de la Junta al no garantizarse la interrupción del embarazo en ningún hospital público.
A preguntas de los periodistas este martes, Padilla ha destacado la reciente aprobación de un acuerdo para la creación de registros profesionales de objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, subrayando que la objeción es un derecho individual reconocido por la ley.
La portavoz ha subrayado que, al igual que el derecho al aborto está reconocido para las mujeres, la objeción de conciencia es un derecho legítimo de los profesionales sanitarios, y ninguna administración puede obligarles a realizar una práctica contraria a sus convicciones personales.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regional continuará facilitando el acceso al aborto en clínicas concertadas, garantizando que las mujeres que lo necesiten puedan hacerlo de manera gratuita, ante la imposibilidad de poder hacerlo en los hospitales públicos.
