El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá firme su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de legalidad, equidad y sostenibilidad, tal y como ha subrayado su portavoz, Esther Padilla, quien ha incidido en que la posición del Ejecutivo regional «es la del cumplimiento de la ley, de las sentencias del Tribunal Supremo y de las directivas europeas», según nota de prensa de la portavocía de la Junta.
Así ha respondido en rueda de prensa a preguntas de los periodistas tras las críticas vertidas por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, a quien ha instado a actuar con la misma responsabilidad institucional que el Gobierno de Castilla-La Mancha. «El presidente García-Page defiende que se cumpla el Plan Hidrológico aprobado y vigente, que exige la modificación de las reglas de explotación para garantizar el caudal mínimo del río Tajo», tal y como ha afirmado la portavoz, tras insistir en que es una «necesidad urgente que no admite más demoras».
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en que, efectivamente, el Gobierno de García-Page está «presionando» para que se cumpla la ley y «eso es exactamente lo que deberían hacer todas las administraciones públicas, respetar y aplicar las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a garantizar los caudales ecológicos del Tajo».
