A lo largo de la reunión se ha destacado la coincidencia con los planteamientos que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en cuestiones tan importantes como la necesidad de trasponer el convenio de Estambul a las diferentes normativas, algo en lo que Castilla-La Mancha fue pionera al aprobar en 2018 la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, poniéndose a la vanguardia de la lucha contra la violencia machista y el apoyo y protección a las víctimas.
El equipo ha valorado esta Resolución que a lo largo de más de 100 puntos propone medidas para erradicar la violencia de género, acabar con la brecha laboral que afecta a las mujeres, impulsar políticas digitales para la igualdad de género, integrar la perspectiva de género en las políticas o contrarrestar las reacciones contra la igualdad entre mujeres y hombres, según ha informado la Junta en nota de prensa.
También existen coincidencias en cuestiones «capitales» como la protección de las y los menores que han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, otra cuestión en la que el Gobierno regional cumple con los requerimientos europeos, ya que en 2019 aprobó el Decreto de Orfandad por el cual se conceden ayudas a menores en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal de esta violencia. En la actualidad, 18 menores tienen concedida esta ayuda.
Precisamente este decreto vino a dar cumplimiento a una de las medidas más novedosas de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y convirtió a la región en una de las pocas comunidades autónomas que contempla este tipo de ayudas.
La violencia de género también se analiza en esta Resolución europea como una de las principales causas por las que las mujeres se quedan sin hogar, instando a tomar medidas para prevenir esta situación. En ese sentido, cabe destacar que el Gobierno regional ha triplicado el presupuesto destinado a las ayudas al alquiler de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, pasando de los 180.000 euros destinados en 2019 a los 500.000 euros en 2020, lo que permitió atender todas las peticiones, objetivo que se mantiene para este año.
De la misma manera, el documento demanda la movilización de recursos y presupuestos adicionales para apoyar a las víctimas de las distintas formas de violencia de género en el marco de la epidemia de la COVID-19, algo en lo que también el Gobierno regional ha destacado al poner en marcha un recurso de acogida extraordinario para víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, y promulgar un Decreto para atender a mujeres en contextos de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual.
CUATRO ELEMENTOS CLAVE
En definitiva, la Resolución del Parlamento Europeo pone el foco en cuatro elementos clave en la estrategia regional contra la violencia de género, como son la adaptación de la normativa regional al convenio de Estambul, «una cuestión que le pide la Unión Europea a todos los Estados miembros que ya avanzamos en Castilla-La Mancha hace más de dos años», según ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz.
Los otros tres elementos son proteger a las mujeres que se quedan sin hogar a causa de la violencia de género, proteger a los huérfanos y huérfanas de violencia machista y movilizar más recursos para proteger a las víctimas en la pandemia.
«Estas tres cuestiones ya las estamos trabajando en Castilla-La Mancha porque en 2019 pusimos en marcha ayudas económicas para las huérfanas y los huérfanos de la violencia machista, también tenemos un programa de atención psicológica que les ayude a restañar sus heridas, ayudas al alquiler para las mujeres que han sufrido violencia de género y se han tenido que ir de su casa abandonándolo todo, y también hemos movilizado más recursos y más presupuesto para proteger a las víctimas en plena pandemia. De manera que la Resolución del Parlamento Europeo entronca directamente con la estrategia seguida por el Gobierno de Emiliano García-Page», ha dicho al respecto Blanca Fernández.
Para finalizar, tanto la titular de Igualdad como el resto del equipo directivo coinciden con la preocupación expresada en esta Resolución europeas por los discursos regresivos que se están danto en todos los estados miembros, y se unen a la petición que hace para crear un sistema de alarma para resaltar cuándo se sustraen los derechos.
