El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado su apuesta por la consolidación y el refuerzo del Estado del Bienestar desde el año 2015, que se ha visto reflejada en el incremento de recursos humanos e infraestructuras y en la mejora de los servicios públicos que se prestan, a través de su modernización.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha participado en el I Foro Económico El Español, ha asegurado que los servicios públicos «han sido la prioridad del presidente Emiliano Garcia-Page desde que llegó al Gobierno», según ha informado la Junta en nota de prensa.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en que el gasto dirigido a sostener el Estado de Bienestar se ha incrementado en los últimos años en más de un 50 por ciento, es decir, en más de 2.200 millones de euros, que se han invertido en más personal, más infraestructuras y modernización de los servicios públicos. «Estamos satisfechos porque esto nos ha permitido atacar la pandemia en unas circunstancias diametralmente diferentes a las de otras comunidades autónomas», ha apuntado.
El consejero también ha resaltado que desde que comenzó la crisis de la COVID-19 Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más recursos ha destinado a combatirla y ha recordado que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el gasto sociosanitario abordado por las comunidades autónomas para hacer frente a los efectos del coronavirus, Castilla-La Mancha dedicó en noviembre a combatir la pandemia el 0,8 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en el conjunto de las regiones la cifra se sitúa en el 0,52 por ciento.
En lo que respecta a recursos humanos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en que el primer elemento ha sido incrementar las plantillas y, el segundo, «aprobar todos los años ofertas de empleo público con la intención de blindarlas, de manera que, en ningún caso, el gasto de personal pueda ser moneda de cambio si hubiera que hacer algún tipo de ajuste». En este contexto, ha indicado que cuando termine la legislatura se podrá hablar «de 20.000 plazas aprobadas», de manera que estarán, «que era el objetivo también, reduciendo la tasa de interinidad».
En materia de financiación autonómica, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que el nuevo modelo tiene que ser impulsado por el Gobierno de España y en que debe de haber un acuerdo por parte de todas las autonomías. El consejero ha defendido que todos los ciudadanos «tienen que recibir la misma calidad en la prestación de los servicios públicos, al menos en los fundamentales». Y, para ello, «hay que atender al coste real que supone prestar esos servicios en cada territorio», ha remarcado.
En este sentido, ha explicado que se les ha ofrecido una metodología de cálculo mediante la denominada población ajustada, «que no es el modelo de financiación, sino una parte», al que han hecho observaciones con el objetivo de que se tengan en cuenta todas aquellas variables sociogeográficas que condicionan el coste que supone prestar los servicios públicos. «Hemos hecho un análisis en Castilla-La Mancha de lo que cuesta prestar esos servicios en zonas con menor y mayor densidad de población y las diferencias son enormes», ha afirmado el consejero.
REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL
Y en relación con los impuestos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que este año se ha bajado la presión fiscal a través de dos normas. Por un lado, la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. «Utilizamos la política fiscal para corregir el problema de la despoblación», ha aseverado Ruiz Molina, quien ha añadido que se han introducido «importantes beneficios fiscales para asentar población en esas zonas».
Por otro lado, se ha referido a la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, en la que también se establecen beneficios fiscales en el IRPF, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentados, «con la intención de que aquellos tienen rentas más bajas hagan un menor esfuerzo fiscal».
El consejero ha afirmado que «una bajada indiscriminada de impuestos beneficia a quien más renta tiene que, a su vez, es quien menos utiliza los servicios públicos», por lo que se ha mostrado partidario de que cada ciudadano contribuya en función de su capacidad económica.
