El Gobierno regional ha exigido soluciones urgentes ante la infrafinanciación que sufre Castilla-La Mancha desde hace más de una década. Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina en declaraciones a los medios de comunicación durante las XII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) sobre Finanzas Autonómicas, celebradas hoy en Santiago de Compostela; un foro que congrega a expertos, académicos y representantes institucionales de toda España, recoge en nota de prensa la Junta de Comunidades.
Durante las jornadas, Ruiz Molina ha participado en un debate sobre finanzas autonómicas, junto a sus homólogos de Hacienda, de la Xunta de Galicia y la Comunidad Valenciana, donde ha destacado la importancia de este tipo de espacios para debatir a fondo el modelo de financiación autonómica, pendiente de revisión desde hace más de una década. Allí ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
En este contexto, el consejero ha expuesto la posición firme y coherente del Gobierno de Castilla-La Mancha en defensa de una reforma del sistema actual, que según ha señalado «debía haberse revisado hace más de diez años y que, sin embargo, ningún gobierno central ha querido afrontar», y ha concretado, «ni el Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta, ni el actual Gobierno de España, han asumido esta responsabilidad, aunque ahora si se escuchan críticas desde todas las comunidades autónomas».
En esta misma línea, Ruiz Molina ha manifestado que desde Castilla-La Mancha siempre se ha reivindicado una postura coherente en el tiempo, se ha pedido la reforma durante el mandato del presidente Rajoy, y se sigue haciendo con el presidente Pedro Sánchez, ya que «claramente perjudica a nuestra comunidad autónoma».
Una reforma urgente para garantizar servicios públicos de calidad
En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha recordado que, la reforma del actual modelo es «urgente» para la región, ya que «somos una de las comunidades autónomas peor tratadas», un dato que, según ha señalado, viene reconocido por expertos y por el propio Ministerio de Hacienda.
Y ha puesto en contexto esta afirmación señalando que, para Castilla-La Mancha no tener financiación suficiente supone «un sobresfuerzo» para prestar los servicios públicos fundamentales, «en las condiciones que se merece la ciudadanía»; esto explica una parte importante del elevado endeudamiento de la región, siendo una de las comunidades autónomas, que, en términos de PIB, tenemos un mayor porcentaje de deuda respecto a la riqueza regional; y eso supone que no podamos destinar recursos a otras políticas de desarrollo regional, teniendo en cuenta que por renta media somos «una de las comunidades que mayor esfuerzo fiscal viene realizando».
Un nuevo modelo que garantice la igualdad
Es por ello, la «urgencia de un nuevo modelo», que como ha señalado Ruiz Molina, supla la «insuficiencia» de recursos para prestar los servicios que arman el Estado del Bienestar, como son: sanidad, educación y servicios sociales, «los más sensibles para la ciudadanía y fundamentales para la efectiva redistribución de renta». Una insuficiencia, ha continuado, que es consecuencia de una «falta de equidad vertical», por lo que hay que replantear cual debe ser la redistribución de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas, y también de una «falta de equidad horizontal», en el sentido de que hay diferencias importantísimas entre la financiación por habitante ajustado en unas regiones respecto a otras.
Y que establezca mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo del principio de lealtad institucional, de tal manera que, cuando se tomen decisiones en el Estado que afecten a las finanzas de las comunidades autónomas, se compense o se haga participes de ellas a todas las regiones.
Respecto a este nuevo modelo, Ruiz Molina también ha reiterado que se sigue abogando porque debe «garantizar el principio de igualdad», para que los ciudadanos, con independencia de donde residan o de su capacidad económica, no de la capacidad tributaria de la comunidad, sino de la capacidad económica de los residentes, tengan «acceso al mismo nivel de calidad en los servicios públicos fundamentales».
Del mismo modo, ha dicho que tiene que «corregir los problemas que tiene el actual sistema y tender a igualar la financiación por habitante ajustado», eso, según ha señalado, significa «refundir en un solo fondo, lo que existen actualmente», aplicando «sencillez» y olvidarnos de principios como el de «la ordinalidad» y hablar más de nivelación total, hablar más de «orden».
Fondo transitorio y condonación de la deuda
En tanto se aborda esta reforma, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha puesto de nuevo sobre la mesa la aprobación de un fondo transitorio que corrija en parte o temporalmente estas deficiencias y que «compense» a las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas, (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha), para acercarlas a la media de financiación que tienen el resto de las comunidades.
Y ha recordado que este modelo se tiene que complementar con la condonación de la deuda, una deuda que tiene su origen, en parte, debido a esa infrafinanciación «que sufrimos»; así como la necesidad de una Ley de Armonización en relación a los tributos cedidos, que ponga orden en los elementos fundamentales de los impuestos, como el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, que sean «iguales en todo el territorio, y que no haya 17 impuestos diferentes», así como establecer mecanismos que respetando la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, establezca límites a la capacidad normativa que tenemos las regiones, «lo mismo que estamos reclamando para los países de la Unión Europea en materia fiscal, sería bueno aplicarlo a nivel territorial», ha señalado.
Y ha concluido indicando que, debe ser el Gobierno de España el que «lidere» este proceso, ya que «las comunidades autónomas hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos», siendo en este caso, y como ha resaltado, «importante poner sobre la mesa una propuesta que se pueda debatir».
