La consejera encargada de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla La Mancha, para exponer en detalle el proceso de trabajo emprendido desde su nombramiento sobre el Plan de Garantías Ciudadanas.
Inmaculada Herranz ha centrado su exposición en los puntos centrales de desarrollo del Plan y ha abordado la necesidad y finalidad del mismo: los objetivos que se persiguen junto con las medidas al servicio de los mismos, la dotación presupuestaria, los mecanismos de gobernanza y participación, y las fases de implantación y evaluación de seguimiento. También ha dado cuenta de los elementos centrales del avance en este tiempo.
Herranz ha incidido en que, desde el punto de vista orgánico funcional, la integralidad de las medidas se conforma como alma mater del plan. En este sentido, ha destacado la aplicación de la transversalidad no solo entre los diferentes programas, sino también entre las medidas de un mismo programa, lo que supone una doble transversalidad. Esto debe traducirse en una respuesta más eficaz por parte de la administración, producto del trabajo de coordinación interdepartamental.
Así, ha señalado que desde el inicio de la Consejería encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, ha trabajado en pro de establecer una serie de mejoras en los diferentes aspectos que se contemplaban en la formulación inicial del plan.
Éstas pueden identificarse en tres bloques: establecimiento y consolidación de los sistemas de gobernanza y participación para el desarrollo del Plan y de la futura Ley de Garantías Ciudadanas; avance presupuestario en la previsión para 2018 con respecto a lo dispuesto en el presente año, pasando de 119,2 millones de euros en 2017 a 143.1 millones de euros previstos para 2018.
Mejoras en el Ingreso Mínimo de Solidaridad
Además, se ha trabajado en la inclusión de una Disposición Adicional de Medidas y actuaciones en el marco del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, dentro de la Ley de Presupuestos para la región, pendiente de tramitación, y que contempla una mejora cualitativa en cuanto a las características del Ingreso Mínimo de Solidaridad, mejorando su cobertura, y por otro lado, una ampliación en el acceso a las prestaciones, dependientes de educación, y un aumento en las medidas destinadas a garantizar el acceso a servicios de calidad, dependientes de educación, permitiendo las oportunidades de las familias en una situación de mayor vulnerabilidad económica.
Durante su comparecencia en la Comisión, la consejera ha incidido en que está trabajando para que el plan pueda elevarse a rango de ley en un intervalo de medio plazo y blindar de esta forma las garantías ciudadanas como derechos. “Esto se torna, por tanto, en una tarea y responsabilidad desde el Gobierno regional”, ha concluido.
