El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su presidente, José Luis Martínez Guijarro, ha invitado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos a que trabajen tanto en la elaboración del Pacto contra la Despoblación como en el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y lucha contra la Despoblación que le ocupan, a fin de que ambas iniciativas cuenten con el mayor respaldo posible y sean “participadas”.
“Vamos a dar participación a aquellos que lo quieran hacer, porque las medidas a implementar para solucionar este problema van más allá de dos o tres legislaturas. Son medidas a medio y largo plazo que pueden dar resultados y tienen que estar pactadas por todos los agentes sociales y políticos para que se mantengan en el tiempo, sea cual sea el signo político del Gobierno, de las diputaciones o de los ayuntamientos”.
Un problema de Estado
“Es un problema de Estado que tenemos que afrontar entre todos y pactar entre todos para que estas políticas se puedan desarrollar”, ha insistido Martínez Guijarro, que ha realizado estas manifestaciones tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, para abordar esta cuestión, preguntado sobre si el Ejecutivo regional está dispuesto a dar participación al PP, que elabora otro texto legislativo en este sentido.
Luego de recordar que la Comisión que se ha creado en las Cortes elaborará una ponencia tras la participación de representantes de entidades y expertos en la materia, Martínez Guijarro ha insistido en que el Gobierno regional “no tiene objeción” en que tanto PP como Ciudadanos participen en las mesas de trabajo que se van a crear dentro del Pacto contra la Despoblación, que según ha avanzado podría ver la luz en el mes de febrero.
“Seguro que participarán personas que están en instituciones o entidades que forman parte del PP o Ciudadanos. Lo más cercano que tenemos es la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en la que hay representantes del PP que darán su opinión”, ha defendido el número ‘dos’ del Ejecutivo castellanomanchego, que ha reiterado su intención de que ambas estrategias sean consensuadas.
