El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su “perplejidad” ante el hecho de que el Gobierno de España se esté planteando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de caza de Castilla-La Mancha cuando el artículo 8 “es copia literal” de la ley de caza de Aragón aprobada en 2015 y que no se ha declarado inconstitucional.
Ha sido el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien a preguntas de los medios, se ha referido a esta cuestión. “Sería difícil de explicar que la ley de Aragón no se ha recurrido y la de Castilla-La Mancha sí”, ha añadido.
El artículo 8 se refiere a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas. En concreto, reza que “la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños”.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales llamó este jueves a José Luis Martínez Guijarro para informarle de que en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la preparatoria del Consejo de Ministros, se había abordado este asunto y que no sabía cuál iba a ser la decisión que iba a tomar el Consejo de Ministros.
El vicepresidente ha desvelado que él manifestó al secretario de Estado su “más absoluta sorpresa” sobre esta cuestión porque ya con el Gobierno de Rajoy se puso en marcha la comisión bilateral entre la Comunidad Autónoma y el Estado para abordar esas cuestiones y el Gobierno de Castilla-La Mancha entendía “que estaba resuelto el tema”.
En el caso de que se produzca finalmente el recurso, Martínez Guijarro citará al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, para pedirle explicaciones y que “haga lo posible” para que este conflicto jurídico se resuelva en la relación institucional “sin tener que poner al Tribunal Constitucional por medio”.
Finalmente, el vicepresidente cree que el Ministerio de Fomento tiene que velar por que no se produzcan daños a las explotaciones agrarias que están al lado de sus infraestructuras y en todo caso “tendrá que hacerse cargo de los daños que pueda generar a los agricultores”, ha dicho.
