En un acto en Seseña (Toledo), ha sido el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha hecho esta petición expresa al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Fue el pasado 17 de diciembre cuando el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.
«No hemos tenido una contestación y en próximos meses tenemos que tenerla. No lo voy a dejar, los ciudadanos tienen derecho a vivir en sus viviendas. No se puede hacer demagogia con la okupación ilegal», ha aseverado García-Page.
De no obtener una respuesta del Gobierno central, el Gobierno de Castilla-La Mancha llevará esta norma a una futura conferencia de presidentes autonómicos, y de no encontrar solución en este foro plantearía la ley en el Congreso de los Diputados para su debate parlamentario.
«Hay un problema de orden público y requiere de cambios de estrategias normativas. Es llamativo que abordemos la despoblación y al mismo tiempo la okupación ilegal. No deja de ser paradójico, los que se van y abandonan los pueblos y los que vienen por la puerta de atrás dando una patada a la puerta, es un problema de Estado que debe actualizarse sin demagogias ni cortapisas», ha recalcado García-Page.
