Como ha explicado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, “los Planes expuestos ignoran la prioridad de las cuencas cedentes sobre las receptoras en demarcaciones hidrográficas como el Tajo, el Segura o el Júcar; pretenden esquivar las exigencias que establece la Directiva Marco del Agua (DMA), mezclando las situaciones de sequía con las de escasez, con el fin de saltarse las restricciones que impone frente al deterioro de las masas de agua, y también adolecen de falta de rigor en el estudio de las implicaciones socioeconómicas y ambientales de los fenómenos de sequía prolongada”, ha informado la Junta en nota de prensa.
Pero es que además, ha añadido, “obvian los datos de precipitación de los últimos años hidrológicos, mucho peores que los de la serie histórica que se ha tomado en consideración, lo que invalida los resultados obtenidos; desprecian el efecto del cambio climático en la disminución de precipitaciones y aportaciones; y carecen de presupuesto, sin el cual muchas de las medidas propuestas se quedan en meramente virtuales y ninguna utilidad práctica”.
En general los Planes de Sequía, entendidos como la DMA define este fenómeno, son para actuaciones derivadas de fenómenos naturales, como la falta de precipitación. “Y en su lugar estos planes se convierten en planes de escasez, en los que la mala gestión de la acción humana y no por un fenómeno natural, es lo que produce mayor deterioro en las masas de agua, cuando la legislación exige que este deterioro se deba exclusivamente a causas naturales”, ha señalado la consejera.
Asimismo los planes están basados en datos históricos de aportaciones en cuanto a precipitaciones desde 1980 a 2012, por lo que desde la Agencia del Agua se ha solicitado que se incluyan los siguientes seis años, en particular el año hidrológico 2016/2017 y los meses secos entre octubre de 2017 y febrero de 2018, “pues en numerosos sistemas de explotación, como el Tajo en cabecera, Tajuña y Alberche, se han producido aportaciones muy inferiores a los mínimos históricos de la serie considerada”. Y también, se ha señalado, que aunque se cita el cambio climático, no se adopta ninguna reducción a futuro en la estimación de precipitaciones, “incumpliendo la normativa que lo exige”.
García Élez ha indicado que en un escenario como el actual, “donde se hace patente cada día la realidad del cambio climático y sus dramáticas consecuencias, estos Planes cobran especial trascendencia, por lo que su elaboración debe realizarse con el máximo rigor y contar desde el principio con la participación de todos los agentes sociales y económicos implicados, así como de las administraciones afectadas”.
Alegaciones más destacadas
En lo referente a la demarcación del Tajo, como ha indicado, “hemos solicitado que el trasvase no sea la causa de ninguna restricción a los usos de esta cuenca. Ni siquiera se deberían plantear restricciones en los sistemas que tengan asignaciones, posibilidad o conexión de abastecerse desde la cabecera del Tajo, y en este PES se plantean esas restricciones”.
Asimismo, el Plan plantea una unidad territorial que se denomina ‘trasvase’, para servir exclusivamente a la cuenca del Segura. “Esta maniobra pretende permitir que los regantes del Segura puedan seguir obteniendo ayudas del Estado por la sequía en la cabecera del Tajo”, ha incidido, añadiendo que “la escasez de recursos en cabecera viene provocada por la gestión irracional de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que permiten que en estado de prealerta se realicen trasvases superiores en un 50 por ciento al trasvase medio”.
Es necesario, ha dicho, “que en el PES se planifique con detalle una gestión de cuenca sin trasvase Tajo-Segura, teniendo en cuenta los recursos provenientes de la desalación”.
En el caso del Guadiana, el Gobierno castellano-manchego considera que no se diagnostican correctamente las situaciones de sequía. “El Plan no justifica adecuadamente la satisfacción de las demandas medioambientales, ni valora la situación de los espacios de la Red Natura 2000 durante la sequía”, por lo que se han planteado consideraciones para cada demarcación hidrográfica que ahondan en la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la protección de los espacios naturales, con especial atención a la Red Natura.
En este ámbito, se ha pedido al Ministerio que la supervivencia de espacios naturales tan importantes como el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel, “esté garantizada en todo momento y se haga un seguimiento específico de su situación”. Y también se ha pedido que se estudie detalladamente el impacto socioeconómico que supone la sequía para la región, en concreto las repercusiones para las explotaciones de agricultores profesionales.
En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la hora de gestionar las situaciones de sequía, mantiene intactas las condiciones del convenio de Alarcón, “lo que supone un importante perjuicio para los abastecimientos y usos agrarios de la región. Es especialmente injusto el tratamiento que se propone para el abastecimiento de una ciudad tan importante como Albacete, donde los recursos superficiales de mayor calidad son restringidos hasta el cien por cien, obligando al empleo de pozos de agua subterránea, con menores garantías de calidad y más costosos económicamente”, ha resaltado.
La responsable de Fomento se ha referido a otro aspecto de gran trascendencia dentro de estos planes a la hora de afrontar los incendios forestales, que se ven agravados en situaciones de sequía. “Hemos propuesto que se mantenga un llenado mínimo en determinados embalses que permita servir a los medios aéreos de extinción de incendios forestales. Se trata de evitar que se repitan situaciones como las que se dieron en el incendio de Yeste del pasado verano, cuando el nivel del embalse de la Fuensanta no permitió a estos medios aéreos su utilización”.
Fallos en la tramitación de forma y fondo
Por otra parte, Agustina García Élez ha manifestado que existen fallos en la tramitación, así como errores de forma y de fondo que afectan tanto al proceso de participación seguido, como al contenido de los documentos, “que invalidan los Planes sometidos a consulta y participación públicas por parte del Ministerio”.
“Tanto los Planes Especiales de Sequía, como sus documentos ambientales estratégicos, junto con el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica están inmersos al mismo tiempo en el proceso de información pública, previo a su aprobación, por tanto carecen de las garantías legales para llevarse a cabo al tratarse de documentos vinculados e interdependientes, pues la simultaneidad en su tramitación priva al público en general, y a esta administración en particular, de instrumentos normativos en que basar sus alegaciones”.
Así, ha indicado, “la propuesta de consulta y participación pública no se adapta a los trámites exigidos por la legislación específica en materia de aguas”.
Para concluir, como ha añadido la consejera, “estas alegaciones se unen a las presentadas hace un mes en relación con los documentos ambientales de estos mismos planes, y a las también presentadas en relación con las modificaciones del Reglamento y de la Instrucción de Planificación Hidrológica”.
