Así lo ha indicado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que se ha reunido con miembros de las agencias de colocación de la región para darles a conocer la nueva orden, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Con esta nueva partida el Ejecutivo autonómico estima que se podrá llegar a 1.790 personas, doblando, también, el número de personas beneficiarias de la primera convocatoria que fue de 738.
Esta nueva convocatoria cuenta como novedad que las personas beneficiarias serán aquellas que han participado en el Plan de Empleo del Gobierno regional para desempleados de larga duración, y no solo para personas desempleadas de larga duración mayores de 45, como en la convocatoria de 2017.
Se trata con ello de no perder el efecto dinamizador de inserción laboral de aquellas personas a las que su paso por un empleo de seis meses de duración en una entidad local o una entidad sin ánimo de lucro les ha supuesto un primer acercamiento al mercado de trabajo.
Del mismo modo, facilita, por primera vez, la participación de las entidades de acompañamiento e inserción para personas desempleadas de larga duración (agencias de colocación) públicas (entidades locales) y las privadas con ánimo de lucro que cuenten con, al menos, un centro de trabajo en Castilla-La Mancha.
EVALUACIÓN DE LOS PLANES
La titular regional de Economía, Empresas y Empleo, ha explicado que desde la Consejería se ha llevado a cabo una evaluación de la ejecución de los planes de empleo para personas que han agotado sus prestaciones, en colaboración con ayuntamientos, diputaciones provinciales y entidades sin ánimo de lucro, que indica que el 26 por ciento de los participantes en los planes de empleo tiene un contrato de trabajo un año después de haber finalizado su contrato.
También se ha detectado que quienes pasan por los planes de empleo de la Junta son personas que “quieren trabajar, que saben que pueden mejorar realmente su situación de empleo y que existen determinadas personas, y colectivos, que precisan una atención más especializada, como es el caso de mujeres y mayores de 45 años”.
Las modificaciones que introduce la nueva normativa, ha abundado Patricia Franco, pretenden destinar más presupuesto a la orientación profesional, a mejorar el nivel de empleabilidad real, así como a las personas portadoras del Cheque Transición, que ya ha facilitado la incorporación de 114 personas al mercado de trabajo.
“Vamos a ampliar la colaboración público-privada, dando cabida a más tipología de entidades que trabajan por la mejora de la empleabilidad y la inserción de las personas desempleadas, para lograr que más personas pasen por procesos de orientación laboral y así contribuir a reducir los niveles de desempleo”, ha concluido.
