El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza frontalmente, tal y como se lo ha traladado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la nueva ley de bienestar animal por estar hecho “desde un despacho”, con una “visión urbanita” y una “gran desconfianza al estilo de vida del medio rural”.
Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en una comparecencia ante los periodistas en Ballesteros de Calatrava, cuyo Palacio de la Serna acoge desde este martes la reunión de la plana mayor del Ejecutivo autonómico, para analizar los proyectos prioritarios que desarrolla y para organizar el último año de legislatura.
Guijarro se ha mostrado ha trasladado su visible enfado y “absoluto desacuerdo” contra el proyecto de ley que tramita el Gobierno de España, por los contenidos que contempla como la obligación a esterilizar a los animales que cambien de propietarios y la limitación de la cría por parte de colectivos profesionales.
Son tres los puntos, ha dicho, en que la Junta de Comunidades argumenta su discrepancia.
En concreto, según Guijarro, las competencias en bienestar animal, en base a algunas sentencias del Tribunal Constitucional, “son de las comunidades”, por lo que “el único margen” que tiene el Gobierno central “es de armonización de la normativa”. En cambio, el Ministerio de Derechos Sociales “va más allá” de sus competencias, e “impone algunas decisiones y medidas” que no le corresponden, y que en regiones como Castilla-La Mancha afectan a sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería.
En segundo lugar, el Estado tampoco contempla fondos presupuestarios para sufragar “las obligaciones que asigna a los ayuntamientos” como la habilitación de centros integrales de protección animal para el cuidado de las colonias. Igualmente, “también obvia la existencia de las Diputaciones”, porque “obvia la realidad del medio rural”.
Se trata de una normativa enfocada “desde una visión urbanita”, que “no tiene en cuenta las necesidades y características específicas del medio rural”. Es más, “rezuma desconfianza” hacia este estilo de vida.
Para el Ejecutivo autonómico, “no se puede tratar igual a todo tipo de animales”, como los que se dedican al pastoreo, a la guarda o a la actividad cinegética. Es necesaria una diferenciación “como recogimos nosotros en la ley regional”.
Guijarro ha rechazado, igualmente, en nombre del Ejecutivo regional, la prohibición de criar de animales en cualquier entorno, una interdicción absurda en las actividades ganadera y cinegética, donde es una “práctica habitual con la selección natural” para “mejorar la capacidad productiva” de sus cabañas.
Las imposiciones son fruto “del desconocimiento”, ha insistido el vicepresidente, porque los profesionales interesados en criar “tendrían que darse de alta en un registro con la nueva ley”, y sería tratado como una nueva actividad económica.
Respeto a la esterilización y el uso de los animales para cualquier por debajo de los 18 meses, cuando “el proceso de aprendizaje debe ser muy anterior
“Nos preocupa” la norma, ha remachado, porque afectaría de lleno a ámbitos profesionales tan prioritarios para la comunidad como la agricultura, la ganadería y la actividad cinegética, donde se emplean a “cientos de animales”.
Todavía sin respuesta oficial por parte del ministerio, ha indicado, ya conocen la contestación informal del director general de Derecho Animal, “que nos ha dicho que no hemos leído la ley. Y claro que la hemos leído y no nos gusta”.
