La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha explicado que estos fondos están sirviendo para mejorar, y en algunos casos, ampliar las infraestructuras de la red de servicios de atención a personas mayores, con discapacidad, y a menores. Se trata, ha dicho la consejera, de «tener una mejor atención cuando acabemos con la mejora de las infraestructuras y también de tener más plazas».
Para alcanzar este objetivo, se aprueba esta prórroga que tendrá un año de duración, un presupuesto de 512.527 euros y permitirá que cinco personas tituladas en Derecho, una en Arquitectura, cuatro en Ingeniería Técnica Industrial y dos en Arquitectura Técnica, 12 profesionales en total, continúen con este importante número de actuaciones y que «son la base de ese impulso definitivo que, a nuestro modo de ver, estamos dando a la mejora de una red que ya es de las más importantes de toda España, especialmente en lo que se refiere a la atención de las personas mayores y con discapacidad», ha indicado la portavoz regional.
Este refuerzo se suma a otro programa temporal de empleo de 18 profesionales aprobado en 2021 para la gestión de estos fondos. «En total, 30 profesionales de refuerzo para la gestión de expedientes sufragados con fondos europeos, FEDER, MRR u otros», ha especificado la consejera», para dar un impulso decidido a esta red que tenemos en Castilla-La Mancha que ambicionamos a seguir mejorando por una cuestión de obligación moral, de convicción política y por esa vocación social que tiene el Gobierno de Emiliano García-Page para seguir mejorando la vida de las personas mayores, con discapacidad y menores que necesitan nuestra atención y protección».
Con los fondos europeos se están impulsando 86 proyectos de mejora, de rehabilitación, de reforma, ampliación o nueva construcción de centros de mayores, residencias de personas mayores, centros de día, de estancias diurnas, viviendas tuteladas, centros especializados en personas con discapacidad, centros de protección de menores, entre otros. Respecto al estado en el que se encuentran, Blanca Fernández ha detallado que 34 están finalizadas, 22 en ejecución, seis en fase de licitación y 24 en la fase de redacción de proyecto.
A todos estos proyectos hay que añadir varias convocatorias para ayudar a los ayuntamientos a mejorar la accesibilidad física y digital en los equipamientos de su titularidad. A la primera de estas convocatorias han concurrido 292 entidades locales, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Además, en estos momentos hay dos convocatorias, no cerradas aún, para mejorar la accesibilidad universal en viviendas de personas mayores, viviendas para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. «Son dos convocatorias distintas, pero con el mismo fin y es poner mayor énfasis en las zonas rurales de Castilla-La Mancha, que es donde sabemos que los ayuntamientos tienen menos recursos económicos», ha explicado la portavoz.
La primera convocatoria es para mejorar infraestructuras sociales en zonas rurales en situación de extrema despoblación; a la misma se han presentado 147 solicitudes. Y la segunda, con el mismo objetivo, está dirigida a núcleos de población en situación de riesgo o de intensa despoblación, y se han presentado 163 solicitudes de ayuntamientos.
A la finalización de estas tres convocatorias «habremos intervenido en más de 600 infraestructuras de titularidad municipal que, aunque no son de nuestra competencia, son de nuestra incumbencia, y por eso ponemos a disposición de las entidades locales de Castilla-La Mancha los fondos europeos. Sin los ayuntamientos sería imposible tener una red tan extensa como la que tenemos, y sin el apoyo de la Junta sería imposible que los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, pudieran hacer este tipo de intervenciones», ha aseverado la consejera.
Para finalizar, Blanca Fernández ha recordado que la Consejería de Bienestar Social está gestionando 160 millones de euros, 35 pertenecientes a fondos FEDER y 125 a Fondos MRR correspondientes al convenio firmado en 2021 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Consejería de Bienestar Social con una finalidad de mejora de infraestructuras sociales.
