La firma del convenio incluye diversas novedades, entre ellas, la posibilidad de que las familias sean beneficiarias de dos ayudas económicas al año de 150 euros cada una, cuando lo prescriba el trabajador social o trabajadora social de Atención Primaria, según ha informado la Junta en nota de prensa.
También contempla la incorporación de las Ayudas de Emergencia Social para prevenir cortes de suministros energéticos; la formalización de nuevos convenios con otras empresas suministradoras de energía, además de Gas Natural e Iberdrola; y la cofinanciación del 50 por ciento de la factura de los hogares que tengan reconocido el bono social como consumidor vulnerable severo.
“Se trata de un plan que forma parte de la Estrategia Regional contra la Pobreza en Castilla-la Mancha”, ha resaltado Sánchez, quien ha apuntado que esta estrategia plantea, entre otros objetivos, reducir el número de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, particularmente, las familias que tienen hijos menores de 16 años a cargo.
Balance
La consejera de Bienestar Social ha explicado que, desde su puesta en marcha en 2016, se han beneficiado del Plan Regional contra la Pobreza Energética 57.000 castellano-manchegos, casi la mitad de ellos, 26.537 son menores.
En total, se han beneficiado de las ayudas económicas 54.500 personas, al tiempo que se han paralizado 1.046 cortes de suministro, que han llegado a 2.500 ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, se ha referido al Real Decreto del Bono Social y ha pedido al Gobierno de España “que mejore la gestión”, al tiempo que ha defendido las acciones realizadas por el Gobierno regional “para evitar las carencias energéticas de las familias de la Comunidad Autónoma”.
“Hay que mejorar la gestión del bono social y tiene que haber responsabilidad por parte del Gobierno de España”, ha aseverado la consejera, quien ha insistido en pedir al Estado que “sea responsable con las medias que pone en marcha”.
