El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto en valor el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, porque va en «beneficio del conjunto de la ciudadanía». Así lo ha manifestado durante su intervención en el debate de aprobación de esta iniciativa legislativa, que se ha celebrado en las Cortes regionales este jueves, recogida en nota de prensa por la Junta de Comunidades.
En este contexto, Ruiz Molina ha señalado, que es la décima iniciativa del Gobierno de Emiliano García-Page que se eleva a las Cortes regionales en la presente legislatura, y que con su aprobación entrarán en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto legislativo que regula un paquete de disposiciones que afectan al ámbito competencial de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional.
Una iniciativa, como ha indicado, que persigue dos objetivos, el primero de ellos, reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; en segundo lugar, dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.
Medidas para reforzar las políticas sociales
Entre esas medidas se encuentran las destinadas a reforzar las políticas sociales, en este sentido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación digital ha destacado importantes modificaciones en el ámbito educativo. La primera es la modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso educativo y aliviando la carga económica de las familias. Asimismo, se modifica la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la región, para garantizar que la representación en el Consejo Escolar corresponda a los padres y madres del alumnado, y a los propios alumnos y alumnas y no a través de representantes de estos colectivos, con el objetivo de reforzar este modelo de participación activa de la sociedad y de la comunidad educativa.
En materia de servicios sociales, el consejero se ha referido a la Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en la región, por la que se modifica el artículo 10, relativo al permiso a los letrados del Gabinete jurídico a continuar ejerciendo acciones judiciales en defensa de las personas tuteladas por la Junta, cuando alcancen la mayoría de edad, ampliando así su protección más allá del ámbito penal.
El proyecto de Ley también incluye medidas en materia de empleo público. En este ámbito, Ruiz Molina ha destacado la supresión de la aplicación de los porcentajes en la distribución de plazas vacantes del personal estatutario del SESCAM, permitiendo convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos, en vez de estar limitados a un tercio de las vacantes en los concursos de traslados y dos tercios en las oposiciones, agilizando así los procesos selectivos.
En el ámbito cultural, el consejero ha mencionado una actuación relevante, se trata de la ampliación de los beneficios fiscales del mecenazgo cultural de carácter privado al ámbito deportivo, con el propósito de fomentar la actividad física y el deporte entre toda la ciudadanía, modificando el título de la Ley de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha, que pasará a denominarse Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo.
Medidas para mejorar la seguridad jurídica
En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado las actuaciones que van a permitir dotar de una mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos, en cuyo caso ha destacado, por un lado, en materia de juego; en este campo, ha señalado que se modifica puntualmente la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas. Con el objetivo, ha señalado, de favorecer de manera regulada el desarrollo y la protección de tradiciones culturales.
Por el otro, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que, si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.
En este punto, el consejero ha desglosado también las actuaciones que se acometen en el caso del patrimonio. En cuanto al patrimonio del suelo público se mejora la regulación del canon urbanístico para lograr un reparto más equitativo de los ingresos entre los municipios afectados por las actuaciones urbanísticas supramunicipales. Además, se suprime en la LOTAU la obligación de reservar todas las administraciones, desde la Junta, a las diputaciones y ayuntamientos, un cinco por ciento del presupuesto anual de inversiones a la adquisición de suelo público.
En cuanto al patrimonio cultural, se incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la figura de Evaluación de Impacto Patrimonial, como elemento para la evaluación de los impactos y afecciones de determinados proyectos sobre los BIC, como método eficaz para la conservación y protección de esos bienes.
Y, por último, desde el punto de vista de la gestión administrativa, Ruiz Molina ha explicado que la primera actuación es permitir que las entidades del sector público local pueden ser asistidas por el Gabinete Jurídico de la Junta, para promover una unidad de doctrina jurídica entre las administraciones públicas de la región. La segunda, se modifica la Ley 4/2024, de 19 de julio de Integridad Pública, para acomodar la normativa regional a la legislación de la Seguridad Social con relación al abono de las prestaciones por desempleo de los altos cargos cesados que no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.
Aportaciones parlamentarias
Durante su intervención en el Parlamento autonómico, el consejero ha querido poner en valor el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de este proyecto de ley, ya que a través de las enmiendas, incorporadas al dictamen aprobado en la Comisión de Economía y Presupuestos, ha «complementado su contenido normativo», fundamentalmente, en relación a las políticas sociales que lleva a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha, «en beneficio de los intereses del conjunto de la ciudadanía».
En definitiva, se trata de un proyecto de ley que afecta a ámbitos muy diferentes de la Administración regional, y que tiene como finalidad «reforzar los servicios públicos y a dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones que realiza la Administración regional». Un proyecto de ley que, como ha concluido, permite poner de manifiesto que es posible su tramitación en la cámara regional, «dado el clima de estabilidad política», del que gozamos en Castilla-La Mancha, y que nos permite desarrollar una «intensa actividad legislativa», en beneficio de la ciudadanía.
