La prestación de servicios básicos de calidad, la generación de actividad económica que proporcione empleo aprovechando recursos endógenos del territorio y la mejora de la dotación de infraestructuras, sobre todo, para la movilidad y las comunicaciones digitales, serán tres pilares básicos de la Ley de Desarrollo Rural Territorial contra la Despoblación en Castilla-La Mancha que el Gobierno autonómico aprobará próximamente, indicó este miércoles la diputada regional, Manuela Casado.
Esta ley persigue la prestación de servicios seguros para que los habitantes de los pueblos no tengan que emigrar, expuso Casado, que resaltó la apuesta del Gobierno regional para frenar la despoblación que están sufriendo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma ya que, aunque la población de Castilla-La Mancha creció el 15,8 por ciento de 2001 a 2019, este incremento fue “desigual”.
“El envejecimiento, éxodo juvenil y baja natalidad” afectan a amplias comarcas de la región, donde 619 municipios que suman el 67 por ciento del total tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y 535 municipios que constituyen el 58 por ciento tiene menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, señaló Casado, que resaltó que desde el Gobierno autonómico se viene reclamando la “urgente” reforma del modelo de financiación autonómica para incluir en la cuantificación de gastos el coste efectivo de la presentación de servicios públicos como los de educación, dependencia y sanidad a las zonas más despobladas y así conseguir frenar el desequilibrio en estas áreas frente a las más pobladas.
En sintonía con la lucha contra la despoblación, en la pasada legislatura el Gobierno regional trabajó en la recuperación de servicios como la apertura de escuelas, remodelación de Centros de Salud y mejora del transporte público rescatando líneas de autobús, además de convocar 95 líneas de ayudas para las zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI) que movilizaron más de 750 millones de euros, agregó Casado, para indicar que en las próximas semanas habrá más proyectos ITI que supondrán unos 70 millones de euros en fomento de energías renovables y renovación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
Pacto regional
Así mismo, la Real Fábrica de Paños de localidad guadalajereña de Brihuega acogerá este viernes 28 de febrero la firma del Pacto contra la Despoblación, para el cual se necesita del apoyo del sector público y privado con la elaboración de una estrategia regional que deberá estar en sintonía “con la futura estrategia nacional frente al reto demográfico”.
En este pacto regional, estarán presentes agentes económicos y sociales, sindicatos, la Federación de Municipios y Provincias y Grupos de Acción Local, y posteriormente se pondrán en marcha los grupos de trabajo con presencia institucional y social para establecer medidas que frenen la pérdida demográfica, resaltó.
