La Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha ha quedado lista este jueves para ser aprobada por unanimidad tras la retirada por parte del Grupo Popular, durante el debate de esta norma, de las dos enmiendas que mantenía ‘vivas’ al texto después de la pertinente Comisión.
Así lo ha anunciado en el pleno de las Cortes el diputado regional del PSOE Francisco Pérez Torrecilla, encargado de exponer el dictamen de esta Ley, quien se ha congratulado de que el acuerdo haya sido posible y ha añadido que con ello se da el valor necesario a esta normativa porque va a ser aprobada por la unanimidad de todos los grupos.
Tras agradecer también al Grupo Parlamentario Ciudadanos su disposición para que la ley se apruebe por unanimidad, ha querido destacar Torrecilla que la evaluación ambiental es “indispensable” para el cuidado del medio ambiente de Castilla-La Mancha.
“En definitiva, estamos ante una norma muy necesaria que ha contado en su proceso de tramitación con una amplia participación ciudadana y de todos los colectivos implicados”, ha apuntado, para volver a destacar el elevado nivel de consenso con el que este Proyecto de Ley ha llegado a las Cortes para que pueda ser aprobado por unanimidad.
NO CAER EN LA AUTOCOMPLACENCIA
De su lado, el diputado regional de Ciudadanos Alejandro Ruiz, aunque ha reconocido que “estamos de enhorabuena” por el consenso alcanzado en esta ley, ha dicho que tampoco hay que caer en la autocomplacencia y ha lamentado que el PP y el PSOE no hubieran llegado a un acuerdo en la Comisión.
“No hay que lanzar las campanas al vuelo”, ha dicho, para agregar que esta norma es una adaptación de la normativa nacional que ya se hizo en 2013 y que se tenía que haber consolidado en 2014, cuando se hace en 2020. “No lo estamos haciendo del todo bien si vamos con retraso”, ha señalado, para mostrar su preocupación por el hecho de que no se hayan recogido problemas como, por ejemplo, los vertidos radioactivos.
De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha explicado que desde su grupo han intentado “encajar” las distintas sensibilidades de sus dos enmiendas con “mucho trabajo” desde que se celebró la Comisión y ha reprochado al Grupo Parlamentario Ciudadanos que en este tiempo “no haya hecho nada”.
Ha agradecido así a todas las entidades y colectivos que han aportado con su participación el enriquecimiento de esta ley, de la que ha destacado que compatibilice la protección del medio ambiente con el desarrollo económico de la región, especialmente en el medio rural.
NO OBSTACULIZAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
De su lado, el titular regional de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, tras tranquilizar e insistir en que los procesos de evaluación de proceso ambiental no han de obstaculizar el desarrollo económico de la región, pues la norma va a permitir conjugar desarrollo sostenible, creación de riqueza y protección del medio ambiente, ha terminado agradeciendo al PP que retirara las dos enmiendas que habían quedado ‘vivas’, gesto que va a permitir que la ley salga de las Cortes con un apoyo unánime.
Y es que el consejero ha insistido en que esta norma generará “cohesión social, progreso y sostenibilidad”, toda vez que pretende prevenir y minimizar las repercusiones ambientales que pueda implicar cualquier proyecto empresarial que se quiera asentar en la región.
Escudero también ha defendido que con esta Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que mejorará la norma de la que se dotó la región allá por 1999, a fin de adecuarla a normativa comunitaria y estatal, va a permitir agilizar los trámites en materia de evaluación ambiental tanto para la administración como para los administrados.
Así, ha explicado que en estos 20 años de normativa ambiental en la región se han llevado a cabo un total de 23.000 procedimientos ambientales, y que solo en 2019 se han acometido cerca de 1.000 de ellos, dato que a su modo de ver “evidencia la trascendencia de la ley”.
De hecho, ha explicado que en base a esta nueva ley se amplían las categorías que han de someterse a evaluación de impacto ambiental, una medida adicional de protección que, en su opinión, “no estará reñida con la creación de riqueza en la región”.
Además, según ha recordado Escudero, esta nueva norma también establecerá mecanismos de control integrado de la contaminación, lo que tendrá una incidencia positiva y beneficiará a los expedientes para instalar industrias.
