El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido y aprobado este jueves la nueva Ley de Vías Pecuarias promovida por la Consejería de Desarrollo Sostenible, una normativa que buscar actualizar la anterior Ley 9/2003. La ley ha recibido el rechazo del grupo parlamentario del PP y la abstención de CS.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha defendido el contenido de la ley, que permite «actualizar esta ley para adaptarla a la normativa actual y, al mismo tiempo, sumarle otro tipo de usos».
Asimismo, ha planteado que mejora «el mantenimiento y la protección del uso tradicional de estas vías, para el paso de ganado», destacando que «aún existen muchas familias que se dedican a la trashumancia».
Escudero ha destacado la importancia de estas vías, que cuentan con 14.000 kilómetros de trazado en más de 57.000 hectáreas de superficie. «Castilla-La Mancha se configura a través de sus vías pecuarias», ha afirmado en este sentido.
Sin embargo, ha apuntado que «solo un 6% de las vías pecuarias figuran en el registro de la propiedad», indicando la importancia de la nueva norma para consolidar su clasificación y mejorar así su protección.
Entre las principales novedades de la nueva ley, Escudero ha destacado la «formalización de un fondo que vamos a crear para seguir invirtiendo en la conservación de todas las vías».
Asimismo, ha apuntado a varios artículos destinados a «mejorar las cuestiones relativas al cruce de esas vías con otras infraestructuras en materia de señalización y la ocupación de este dominio público».
En este sentido, ha destacado el establecimiento de «un canon por la ocupación de este patrimonio público, que también revertirá en ese fondo de conservación».
Por último, ha señalado el contenido destinado a legislar los «usos complementarios como el senderismo, tránsito de bicicletas o de maquinaria agroganadera se contemplan sin ningún tipo de excepcionalidad».
DEFENSA DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
En la misma línea del consejero, el parlamentario del Grupo Socialista, Julián Martínez Lizán, ha defendido la necesidad de actualizar la legislación, dado que «se han producido importantes cambios estructurales, culturales y legislativos que afectan a las vías pecuarias».
Según Lizán, los 24 artículos modificados en la nueva ley facilitan «mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos».
En este mismo sentido, ha apuntado que la nueva ley «se ajusta al principio de eficiencia», no estableciendo nuevas cargas innecesarias a la administración pública en su cumplimiento.
Además, también ha puesto énfasis en las nuevas realidades y usos que se reconoce a las vías pecuarias, destacando el reconocimiento de las mismas en la categoría de «infraestructuras verdes», aludiendo a su gran utilidad en la protección ambiental.
RECHAZO DE PP Y CS
Sin embargo, los grupos parlamentarios de la oposición han manifestado su rechazo al contenido de la ley, centrando sus críticas en los plazos de ejecución administrativa que contemplan, así como en el papel de las administraciones municipales en su aplicación.
La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha afirmado que «esta ley no soluciona el problema de protección de las vías pecuarias, sino que consideramos que lo puede llegar a enquistar».
«Nuestras enmiendas buscan defender nuestras vías pecuarias y buscan agilizar los expedientes administrativos que nunca cumplen», ha afirmado Picazo.
Las mismas se han centrado en la reducción de plazos de ocupación de las vías por parte de propietarios privados, señalando que establece «plazos excesivos de ocupación para que se cumpla una excepcionalidad innecesaria».
Por otra parte, ha manifestado el rechazo que los propietarios sean los responsables de asumir el coste de delimitación, deslinde y amojonamiento de las vías «cuando es la administración la que ejerce la custodia y cuidado de estas vías».
Por último, ha señalado la falta de competencias otorgadas a las corporaciones municipales. «Su empecinamiento en no incluirlas es inexplicable cuando vemos que nuestras vías pecuarias sufren de falta de mantenimiento, mal uso e, incluso, acumulación de basuras», ha afirmado en este sentido.
De su lado, el parlamentario del Grupo Popular, Benjamín Prieto, ha señalado igualmente que la nueva ley no viene a solucionar la «falta de identificación y protección» de las vías.
Prieto ha señalado «la necesidad de no alargar los procesos de clasificación, amojonamiento y deslinde de estas vías».
En este sentido, ha exigido la reducción de los plazos de identificación y clasificación a «un máximo de un año» y los de deslinde y amojonamiento a «dos años», respecto a los dos y tres años que figuran en el texto.
Además, ha reclamado que se elimine la obligación a las corporaciones municipales del coste de mantenimiento de estas vías. «Entendemos que la administración regional tiene suficientes recursos», ha afirmado.
