La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha asegurado que la futura Ley de Protección y Apoyo Garantizado ya tiene el informe favorable del Consejo Consultivo, por lo que se encuentra “casi en el final de la tramitación” y llegará “próximamente” a las Cortes regionales.
Así lo ha asegurado la consejera en declaraciones a los medios este viernes antes de la reunión de coordinación de esta futura ley del Ejecutivo autonómico, donde ha destacado que ésta es similar a la que hace ocho meses mantuvo el presidente, Emiliano García-Page.
En este sentido ha dicho que en esta reunión se coordinan todas las acciones para ley “más social que va a poner en marcha el Gobierno”, ya que es una ley “innovadora y sencilla” pero que va a “dar tranquilidad a las familias”, ya que quienes la van a gestionar son “las fundaciones tutelares”.
Las fundaciones tutelares, según ha aseverado, reciben una subvención del Gobierno regional que asciende a “tres millones de euros, con un 6 por ciento de incremento en 2018”, que va a servir, a su juicio, para poder gestionar esta ley.
La consejera ha destacado que las seis fundaciones tutelares con las que cuenta la región tienen “alrededor de 100 trabajadores y tutelan a unas 1.200 personas”. En un futuro, ha añadido, se trata de que las fundaciones no sólo se encarguen de la tutela judicial, sino también “tengan unidades de orientación y apoyo para proteger a las personas con discapacidad y a sus familias”.
140.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sánchez ha avanzado que en Castilla-La Mancha hay en torno a 140.000 personas con grado de discapacidad del 33 por ciento o superior y que esta ley va dirigida principalmente a las personas con discapacidad grave.
En este sentido, son 35.000 personas dentro de las 140.000 las que son la población de primera atención de la ley, pero que una vez se vaya avanzando “se dará respuesta a más personas con discapacidad”, ha añadido.
De otro lado, la presidenta de Cermi Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha agradecido al Gobierno regional la puesta en marcha de una “ley innovadora en todo el Estado español”.
Gómez ha destacado que no se trata de tutela ya que lo que se pretende es “garantizar el apoyo y que las personas con discapacidad y sus familias puedan realizar un plan de futuro” y que éste “quede registrado y se desarrollen los recursos para que estas personas tengan calidad de vida”, siendo esto así “cuando sus familiares directos no vivan”.
