Las regiones que aumentaron la licitación desde enero fueron Extremadura, un 258%; Galicia, un 159%; Asturias, un 151%; Murcia, un 115%; Castilla-La Mancha, un 111%; Baleares, un 91%; País Vasco, un 76%; Madrid, un 73%; Andalucía, un 62%; Comunidad Valenciana, un 61%; Navarra y Cantabria, un 48% cada una; La Rioja, un 33%; Cataluña, un 22%; y Castilla y León, un 4%.
Por el contrario, las únicas dos regiones que disminuyeron sus licitaciones públicas a lo largo de 2021 fueron Aragón y Canarias, la primera un 29% y la segunda un 61%.
DATOS NACIONALES
La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 21.032 millones de euros en los once primeros meses de 2021, lo que representa un crecimiento del 80,3% respecto al mismo periodo de 2020.
Asimismo, en comparación con los primeros once meses de 2019, el año previo al estallido de la pandemia, la licitación ya supera en un 28,1% los datos registrados en ese periodo.
La Administración General sigue liderando las alzas, con un 171% más de licitación, frente a los ayuntamientos, que a principios del año pasado eran los que encabezaban el crecimiento, aunque siguen siendo las entidades que más importe licitan.
En la Administración General, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acumula 626 millones de euros licitados, un 126% más, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 5.274 millones, un 233% más. Los ayuntamientos lograron incrementar el importe licitado un 54%, hasta los 8.156 millones de euros, y las comunidades autónomas otro 54%, hasta 6.081 millones.
TRANSPORTES Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif fue el principal licitador, con 3.525 millones de euros en los últimos 12 meses –de diciembre de 2020 a noviembre de 2021–, un 547% más, mientras que la Dirección General de Carreteras licitó 1.192 millones, un 70% más, y Aena otros 486 millones, un 28% más.
El Departamento que lidera Teresa Ribera también incrementó todas sus partidas: la de Costa y Mar, un 294%; las Confederaciones Hidrográficas, un 110%; las Sociedades Estatales de Agua, un 26%; y la Dirección General del Agua, un 18%.
